Veamos el camino recorrido de urgencia ante el “desvío” de las pautas acordadas con el FMI en el ajuste 2018.
El decreto autocrático, a espaldas del Congreso Nacional, se comenzó a aplicar de inmediato, a pesar que para este año ya ha sido presupuestado y se está ejecutando. Lo cual implica un parate de una parte de la obra pública municipal y provincial. Significa un ‘ahorro’ de 8.500 millones de pesos para el 2018 y de 26.500 millones para el 2019 –$ 35.000 millones en total– destinados a garantizar el pago de la usuraria deuda pública.
Esto colocará en crisis a muchas intendencias que usan estos fondos para pequeñas obras locales. Y será utilizado, como argumento, para justificar nuevos ‘ajustes’ contra trabajadores municipales y provinciales.
Los intendentes señalaron su ‘enérgica’ oposición, pero la misma no pasa de reclamar ‘dialogo’ con Macri o de elevar recursos de amparo ante la justicia. Algunos señalaron que esta medida fondomonetarista daña el “federalismo de consenso”. ¡Extraña definición de federalismo!
En realidad fueron los gobernadores los que a fines del año pasado pactaron con Macri la reforma previsional a cambio de seguir recibiendo el Fondo Sojero. Los ‘gobernadores’ aportaron los votos contra los jubilados y abrieron el camino a un ‘ajuste’ más general, que ahora se concreta con el acuerdo con el FMI. Hicieron aprobar ese ‘Pacto Fiscal’ por las legislaturas provinciales, convirtiéndose en cómplices de la pérdida de 100 mil millones de pesos por disminución de los reajustes salariales de los jubilados, en el primer semestre de este año. Ahora Macri los ‘traiciona’ quitándoles el Fondo Sojero.
Algunos intendentes insistieron con que son el primer eslabón de la contención social de las masas insatisfechas socialmente. Veronica Magario, la intendenta K de La Matanza, pidió una “sesión especial” para derogar el DNU de ajuste a provincias y municipios. Rossi, el jefe de la bancada K, planteó en cambio insistir a través de la comisión Bicameral que debe refrendar los decretos, sabedor que puede tardar en ser convocada y que si triunfara la censura al decreto ajustador, debe todavía pasar por las dos Cámaras.
No hay un giro a una resistencia activa, solo palabras, matizadas con pedidos de que en el 2019 “se vote bien”.
La diputada del PO-FIT, Romina Del Plá, señaló que había dudado que ese Plenario de Comisiones se realizara, porque en los diarios del día se hablaba de propuestas e intensas negociaciones de diversos gobernadores con el gobierno para acordar un paquete de ajuste. Entre las medidas que propondrían los gobernadores, figura en primer lugar la ¡eliminación del Fondo Sojero! Esto iría también acompañado por el congelamiento del Fondo de Incentivo Docente y Emergencia Social (que beneficia a los maestros más retrasados salarialmente), lo cual implicaba un ‘ahorro’ de 12 mil millones de pesos y, también, la propuesta de reducir el 100% de los subsidios a los colectivos con un ‘ahorro’ de 50 mil millones de pesos (lo cual sin nacionalización de las empresas de transporte significa nuevos y crecientes supertarifazos contra el pueblo trabajador). La diputada del PO-FIT denunció esta contradicción. Señalo no solo el carácter colaboracionista de los gobernadores con el FMI y el gobierno en la aplicación de un ajuste contra el pueblo: se trata de un federalismo antiobrero. Como también de la política cómplice de la CGT que se reunía con el FMI en lugar de organizar la resistencia. Tratan de introducir en la conciencia de nuestro pueblo que no se puede, ni se debe resistir el ajuste fondomonetarista, que hay que resignarse y negociar para morigerarlo. Del Plá llamó a “derrotar el plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, y los únicos capaces de desenvolverlo somos los trabajadores.
Tenemos que ir por un paro activo nacional de 36 horas y un Congreso de Bases para organizar un verdadero Plan de Lucha.
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