La nueva infraestructura está destinada a satisfacer la demanda de más de 80 mil habitantes de la Región Andina Sur de Río Negro y ahora se espera una nueva licitación pública con montos actualizados.
Al respecto, el intendente Bruno Pogliano precisó hoy que “en su momento, la licitación fue ganada por una empresa de la ciudad de General Roca, con un presupuesto oficial de 1200 millones de pesos, pero dicha firma no recibió el anticipo financiero –ya que por cuestiones económicas el Poder Judicial de la provincia de Río Negro no disponía de los fondos-, y habiendo esperado un tiempo prudencial desistió de la oferta”.
En consecuencia, “se nos ha informado que en cuatro meses se volverá a hacer el llamado a licitación y se espera la presentación de nuevas empresas. Es una obra que tenía fondos asignados a través del presupuesto provincial”, precisó. Según el jefe comunal, “nos preocupa su concreción, ya que la construcción de la ciudad judicial es una obra que nos va a cambiar la vida y permitirá a nuestros vecinos el acceso directo a la justicia”.
El proyecto contempla una superficie cubierta de mil metros cuadrados y en una segunda etapa se añadirán 400 más. Se prevé alojar todas las dependencias judiciales que funcionan en la localidad con la proyección de un crecimiento futuro con más organismos. El predio se ubica en la esquina de Perito Moreno y Mario Guasco, en pleno centro de la ciudad, en el mismo lugar donde funcionó hasta hace poco la Casa de Justicia, que fueron mudados transitoriamente hacia otro edificio. La semana, de allí hasta fue retirado el cartel que anunciaba la obra.
Cabe recordar que desde 2013, El Bolsón es la sede del Juzgado de Primera Instancia N° 11, con competencia en materia de Familia, Civil, Comercial, Minería, Sucesiones y Ambiental, con jurisdicción territorial además en las localidades de El Manso, Ñorquinco, Río Chico, Mamuel Choique y Ojos de Agua, con sus correspondientes zonas rurales. De igual modo, funciona una fiscalía y la defensoría.
Sin respuestas
A criterio del dirigente del grupo Justicia Comarca, Luis Albornoz, “estamos preocupados porque la empresa que ganó la licitación se retiró luego de que no cobró el adelanto correspondiente”.
“Nos inquieta la falta de respuestas –agregó-, nadie nos atiende en teléfono en Viedma y a la fecha no sabemos si los fondos están garantizados”.
Con todo, remarcó que “es una deuda que tiene el Poder Judicial de la provincia de Río Negro con los vecinos de la región andina, que seguimos siendo ciudadanos de segunda y el servicio de justicia que estamos recibiendo no es el que nos merecemos”.
Reiteró que “no puede ser que la justicia está en todos lados, pero atiende en Bariloche” a lo que sumó “el hacinamiento que está sufriendo la gente de la fiscalía, con todo abarrotado en un lugar estrecho y con la accesibilidad limitada”.
Acerca de la reactivación del proyecto, graficó que “para que se concrete, tendremos que volver a remar en dulce de leche, pero desde Justicia Comarca tenemos claro que no vamos a claudicar en este reclamo a la justicia rionegrina, que nos está debiendo muchas respuestas y que todavía estamos esperando”.
Oficina Judicial
Adelantó que “el seis de febrero, los grupos de familiares de víctimas de hechos de violencia tenemos una reunión pactada vía zoom con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, a quién vamos a presentar este reclamo, además de la creación de una Oficina Judicial en territorio, que en su momento nos prometieron, hicieron aspaviento y no pasó absolutamente nada”.
Asimismo, Albornoz recalcó que “todas estas demandas tienen que ser conjunto de la sociedad, porque cuando hay voluntad, las cosas se hacen”, al tiempo que antepuso como ejemplo “a la vecina provincia del Chubut, donde el servicio de justicia ha tenido notables cambios en los últimos años, para bien de los vecinos”.
Por otra parte, recordó que “otra de las demandas actuales apunta a la creación de un Juzgado Penal y la designación de un juez de Garantías, conforme el sistema procesal vigente en Río Negro” y que la futura sede judicial “no tiene que ser un cascarón vacío, hay que designar los recursos humanos indispensables para su funcionamiento. Debe ser un servicio de justicia acorde a las necesidades de una población que ya superó los 80 mil habitantes en la zona”, concluyó.
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