La Justicia rionegrina ordenó el desalojo de un inmueble de siete hectáreas ubicado en un paraje rural Mallín Ahogado, que en abril del año pasado fue usurpado por una comunidad mapuche, que ingresó a la propiedad aduciendo una supuesta preexistencia ancestral en el lugar.
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Durante el proceso judicial el magistrado que intervino en la causa intentó mecanismos de diálogo para alcanzar una solución alternativa al conflicto aunque las instancias fracasaron debido a que los referentes mapuches – pertenecientes a la lof Coronado Inalef- se ausentaron de las distintas convocatorias.
El juez de la causa Juan Pablo Laurence, además, otorgó un plazo para el retiro voluntario de los usurpadores aunque los integrantes de la comunidad decidieron permanecer en el territorio. “Vamos a resistir, como lo hicimos siempre”, advirtieron.
Este viernes venció el plazo de tregua otorgado para que los mapuches se retiren de forma voluntaria. Poco después del mediodía, el fiscal de El Bolsón Francisco Arrien arribó al lote en conflicto acompañado por efectivos de la Policía provincial. Sin embargo, el funcionario del Ministerio Público sólo realizó una constatación in situ para determinar la cantidad de familias que residen allí y disponer luego la diligencia de desalojo.
Allí la comunidad, que expuso su rechazo a la orden de abandonar el sitio, solicitó una tregua hasta el próximo lunes, día en el que – dijeron – se retirarían voluntariamente de las tierras. “La orden es restituir el inmueble a los damnificados”, aseguró el juez de Garantías antes de la lectura del fallo en el que dispuso el desalojo de las tierras.
Historia del conflicto
El conflicto comenzó el 23 de abril de 2023 cuando varias familias, aduciendo una supuesta recuperación de tierras ancestrales, ingresaron a la propiedad. Para hacerlo derribaron cercos perimetrales y provocaron daños. Aseguran que sus ancestros ocuparon esas tierras hace 100 años, aunque durante el proceso judicial no lograron acreditar la titularidad del campo.
El magistrado que ordenó la medida, y que luego ratificó el juez de Juicio Juan Martín Arroyo, mencionó en la última audiencia de primera instancia que “sólo hay registro verbal de la preexistencia de la comunidad en el predio a partir del testimonio de los imputados, aunque “no hay informes técnicos, no figuran en el legajo fiscal para contraponerlos con los que sí presentó la parte acusadora”.
Los imputados en la causa son Cristina Coronado Inalef, Mariela Paola Troncoso y René Omar Gutiérrez, integrantes de la lof Coronado Inalef, a quienes no sólo se les endilga la usurpación del territorio, sino también un brutal ataque a una de los propietarios, que se presentaron el día de la usurpación y fueron atacados.
La comunidad mapuche impugnó el desalojo y se escudó, tal como ocurre habitualmente, en la cuestionada ley 26.160 y el relevamiento territorial que dispone la norma, aunque el juez Arroyo confirmó la sentencia del juez de primera instancia y ratificó la medida.
Al día siguiente de la usurpación, una de las damnificadas se presentó en su propiedad para constatar que había sido despojada. Patricia Zavalía, una de las denunciantes, acusó a los integrantes de la comunidad mapuche de haberla agredido cuando se acercó a dialogar para intentar resolver el conflicto.
Dijo, en ese entonces, que los mapuches le pusieron una soga en el cuello e intentaron ahorcarla. “Intentamos dialogar y hacerles entender que tenemos título de nuestra propiedad, pero no había forma de que entren en razón”, afirmó en diálogo con la prensa. Los mapuches, advirtió, estaban “con machetes y cuchillos”.
Además los atacantes habrían utilizado un caballo para agredir a quienes exigían la restitución del predio. Zavalia dijo que la mujer que la agredía “me puso una soga en el cuello y me arrastraron y prácticamente me ahorcó. Intentaron matarme”. “Comencé a gritar para pedir ayuda hasta que logré zafarme de la soga”, expresó.
Repudio mapuche
Los mapuches repudiaron la orden de desalojo y cuestionaron a los jueces por no permitirles ampliar los argumentos de la defensa, aunque el magistrado de primera instancia mencionó que “tuvieron innumerables ocasiones para hacerlo”.
En su defensa, dijeron que fueron los “propietarios” quienes acudieron al territorio en una “clara actitud patoteril”.
El fiscal aceptó este viernes el pedido de suspender el desalojo por la fuerza, luego del compromiso de que se retirarían el próximo lunes, tiempo que solicitaron para retirar sus pertenencias de las tierras en litigio.
Fuente Infobae
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