Una joven de 27 años fue rociada con combustible dentro de su lugar de trabajo y, según los testimonios conocidos hasta el momento, una mujer habría intentado prenderla fuego. El episodio ocurrió el sábado en una panadería de El Bolsón y vuelve a instalar una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿quién se hace responsable cuando una persona que requiere atención y seguimiento en salud mental protagoniza una situación que pone en riesgo la vida de terceros?
El hecho generó una enorme preocupación. De acuerdo con la información recabada por Noticias del Bolsón, la mujer involucrada sería una profesional de la salud con un prolongado historial de tratamiento psiquiátrico y antecedentes de episodios de descompensación que se remontarían a más de dos décadas.
Incluso existen referencias a un episodio ocurrido hace aproximadamente diez años, cuando habría sido intensamente buscada luego de ausentarse junto a sus cuatro hijos, en una situación que provocó preocupación entre sus familiares y motivó la intervención policial.
Pero hay otro aspecto que necesariamente deberá ser esclarecido: su condición de profesional de la salud y las actividades que habría desarrollado mientras se encontraba bajo tratamiento.
Según información a la que pudo acceder este medio, años atrás habría ejercido su profesión en un consultorio y prestado servicios vinculados a la obra social de los empleados públicos rionegrinos. Si, como surge de documentación mencionada en actuaciones judiciales, ya se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico durante aquel período, corresponde determinar qué controles profesionales y administrativos existieron y si en algún momento hubo evaluaciones sobre su aptitud para ejercer.
Esto no significa que una persona bajo tratamiento de salud mental esté, por ese solo hecho, imposibilitada para ejercer una profesión. Tampoco un diagnóstico convierte a alguien automáticamente en una persona peligrosa. El interrogante aparece cuando existen episodios concretos que podrían representar un riesgo para la propia persona o para terceros.
Y allí surge el punto central de esta historia: ¿funcionaron los mecanismos de seguimiento y prevención?
En las últimas horas se produjo una novedad importante en el caso. La mujer señalada por el episodio permanece internada en el Hospital de Área El Bolsón, donde se encuentra bajo atención del área de Salud Mental. La internación dispuesta inicialmente sería por un período de al menos 48 horas, mientras se aguarda la realización de nuevas evaluaciones.
Para este lunes está previsto que el caso vuelva a ser abordado en sede judicial y allí podrían definirse medidas de mayor alcance.
Según información conocida extraoficialmente, se solicitaría que la mujer sea sometida a nuevas pericias en San Carlos de Bariloche y que su internación se extienda provisionalmente por un plazo de diez días. Es importante remarcar que, al momento de esta publicación, esas medidas no se encuentran confirmadas y deberán ser resueltas por la Justicia.
Concretamente, entre las medidas que se impulsarían se encuentra la internación provisional por diez días en el Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche, en el marco de lo previsto por el artículo 116 del Código Procesal Penal.
También se solicitaría que, en caso de hacerse lugar a esa medida, el traslado desde El Bolsón hasta San Carlos de Bariloche se realice con custodia policial.
Finalmente, se requeriría la intervención del Cuerpo Médico Forense para la realización de un examen pericial integral de salud mental, en relación con lo establecido por el artículo 34, inciso 1.º, del Código Penal.
Será la Justicia la que deberá resolver estos pedidos y determinar las medidas correspondientes. Por eso resulta fundamental diferenciar la situación actual —la mujer permanece internada en El Bolsón— de las medidas que podrían solicitarse y eventualmente disponerse durante la instancia judicial.
El episodio del sábado, además, no es el único que genera inquietud entre vecinos de El Bolsón.
En los últimos tiempos también se conocieron reiteradas situaciones atribuidas a otro hombre que sería paciente del área de Salud Mental y sobre quien existirían denuncias y reclamos vinculados con episodios de violencia, acoso, seguimiento de mujeres, ingresos a establecimientos y presuntos robos.
También se denunciaron situaciones particularmente delicadas dentro del propio hospital, entre ellas ingresos al sector femenino y presuntos tocamientos. La existencia, circunstancias y alcance de cada una de esas denuncias deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.
Sin embargo, para quienes aseguran haber atravesado estos episodios existe una pregunta que se repite: ¿qué ocurre después de la denuncia?
La legislación protege derechos fundamentales de las personas que atraviesan padecimientos de salud mental, como corresponde. Pero esos derechos deben convivir con otro deber indelegable del Estado: proteger a quienes eventualmente pueden quedar expuestos ante una situación concreta de riesgo.
Y entonces volvemos al sábado.
Una trabajadora de apenas 27 años estaba cumpliendo normalmente con su jornada en una panadería cuando una mujer ingresó al establecimiento. Según los testimonios recogidos tras el episodio, la roció con combustible y posteriormente habría intentado encender fuego.
La trabajadora logró escapar y pedir auxilio. Un vecino intervino, siguió a la sospechosa y consiguió retenerla hasta la llegada de la Policía.
Las consecuencias podrían haber sido irreversibles.
Hoy esa joven está viva. Pero además del expediente judicial y de las medidas que puedan adoptarse respecto de la persona señalada como autora del ataque, existe una víctima que deberá atravesar las consecuencias emocionales de haber sentido que podían quemarla viva dentro de su propio lugar de trabajo.
¿Quién la acompaña ahora?
¿Quién le explica por qué ocurrió?
¿Quién determina si este episodio podía haberse prevenido?
Y, fundamentalmente, ¿quién se hace responsable de garantizar que no vuelva a suceder?
No se trata de estigmatizar a quienes necesitan asistencia en salud mental. La enorme mayoría de las personas que reciben tratamiento no representa un peligro para la comunidad. Precisamente por eso resulta indispensable separar el padecimiento mental de las conductas concretas y analizar cada situación individualmente.
Pero tampoco puede utilizarse la salud mental como una explicación automática que termine dejando sin respuesta a las víctimas.
Cuando existen indicadores concretos de riesgo, antecedentes de episodios graves o reiteradas intervenciones policiales, sanitarias y judiciales, corresponde preguntarse si todas las herramientas disponibles fueron utilizadas y si existió una articulación adecuada entre los organismos responsables.
Por eso el debate que queda planteado en El Bolsón excede largamente a una persona.
Hay que preguntarse si existen recursos suficientes para Salud Mental, si los pacientes que requieren seguimiento efectivamente lo reciben, cómo se articulan Hospital, Justicia, Policía y organismos sociales, qué ocurre frente a episodios de descompensación y qué herramientas existen cuando los profesionales determinan que puede haber riesgo para la propia persona o para terceros.
Porque también hay un derecho que debe ser protegido: el de una trabajadora a terminar su jornada y regresar sana a su casa.
El de una mujer a caminar por la calle sin ser perseguida.
El de una paciente a permanecer internada sin sufrir un abuso.
El de un comerciante a trabajar sin ser agredido.
Y el de toda una comunidad a sentirse protegida.
Después de lo ocurrido el sábado, las respuestas ya no pueden quedar solamente puertas adentro de un consultorio, un hospital, una fiscalía o un juzgado.
Una joven de 27 años fue rociada con combustible y, de acuerdo con la investigación en curso, se habría intentado prenderla fuego.
Mientras la mujer señalada permanece internada en el Hospital de Área El Bolsón y la Justicia analiza las próximas medidas, la comunidad necesita saber qué ocurrió, si existieron posibilidades de prevención y qué mecanismos se implementarán de ahora en adelante.
Porque detrás de los expedientes, las pericias y las discusiones sobre competencias existe una trabajadora de 27 años que estuvo frente a una situación que pudo terminar en tragedia.
La pregunta sigue planteada: ¿quién vela por la comunidad?
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