Las 44 casas del “Barrio Judicial” estarían listas para la primera quincena de abril, según informó Pablo Enevoldsen, representante de la empresa constructora Alusa. El anuncio fue realizado el miércoles al mediodía durante la reunión entre un grupo de la Asociación Mutual Judicial Bariloche (AMUJUBA), el titular del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas para el Hábitat Social, Ing. Gustavo Gennuso, el responsable de la empresa constructora, la delegada de la Secretaría de Desarrollo Humano Gabriela Letton y el representante técnico del Instituto Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) Osvaldo Paván.
Los adjudicatarios manifestaron su preocupación por el avance de las obras, por la difícil situación económica que deben afrontar con los alquileres y el temor a que estas obras sean ocupadas ilegalmente. Por su parte, Enevoldsen afirmó que “´ésta es la primera vez que damos una fecha de entrega concreta, nunca antes había pasado”. Remarcó además que la empresa puede comprometerse a reducir el plazo de entrega de las 44 viviendas al IPPV de septiembre a la primera quincena de abril porque “es un proyecto que siempre marcho bien y que no tuvo grandes inconvenientes”.
Las 44 viviendas de la mutual AMUJUBA, que están ubicadas al oeste del barrio Casa de Piedra, estarían en un estado avanzado de construcción pero aún restan trabajos de instalaciones de agua, gas y terminaciones exteriores según informó el vocero de Alusa. También se concertó avanzar con la documentación que los adjudicatarios deben presentar para la finalización de la obra en término y no sufrir retrasos, que según Enevoldsen es un problema “muy común”. Paván destacó que desde el IPPV se hará todo el trabajo necesario para las inspecciones técnicas y que las obras puedan ser entregadas a la brevedad.
Algunos adjudicatarios dijeron estar muy preocupados por el riesgo de que esas casas sean ocupadas ilegalmente antes de que estén terminadas y solicitaron que se hagan las gestiones para tener mayor vigilancia policial de las obras. En este sentido el responsable de la empresa constructora aclaró que si los adjudicatarios ocupan los inmuebles antes de la finalización formal también representa un inconveniente porque no se puede realizar el “final de obra”. Otra de las preocupaciones compartidas es incierta situación del IPPV en Bariloche por no tener aún asignado un delgado responsable de los pagos a la empresa constructora.
Ante la manifestación de la vulnerabilidad habitacional que están padeciendo algunos integrantes de la mutual, Gennuso y Gabriela Letton se ofrecieron como mediadores ante los locatarios que les alquilan viviendas para evitar desalojos. Finalmente los adjudicatarios acordaron con Gennuso una visita a las obras en los próximos días.
