A 36 años del golpe de estado perpetrado por las fuerzas armadas, rememoramos esa etapa oscura y triste de nuestra historia con el objetivo que no vuelva a repetirse. Sostener en la memoria este capítulo de la historia de nuestro país, fortalece nuestra identidad como pueblo y nos permite observar y analizar los sucesos actuales a la luz de esa historia reciente y aún doliente.
Los años de persecución, exilio, silencio impuesto, cárcel, torturas, desapariciones forzadas de personas y decenas de miles de muertes en todas las dictaduras latinoamericanas tuvieron como objetivo desarticular las economías de los países, volverlos más dependientes de los condicionamientos económicos externos y controlar a los ciudadanos a través del miedo y el terrorismo de estado.
El objetivo común de las dictaduras fue fortalecer el rol de las fuerzas armadas como institución, la coalición con los intereses de las clases económicamente dominantes, la imposición de un modelo económico liberal y, por supuesto, la imposición de un necesario orden social en forma compulsiva, y con el uso de la fuerza.
Si bien nuestro país ha avanzado en una política de derechos humanos sin precedentes, no podemos dejar de condenar la aprobación de la ley antiterrorista que criminaliza la protesta social.
Cada vez son más los militantes de organizaciones y asambleas populares que son procesados por oponerse a las políticas depredadoras implementadas por las grandes industrias extractivas de los bienes comunes, la minería, la expansión de monocultivos transgénicos, las represas, actividades que dejan devastadas las regiones donde los pueblos viven, mantienen su cultura y actividades económicas tradicionales.
En Jujuy, Catamarca, la Rioja, muchos militantes y asambleistas que se manifestaban pacíficamente han sido procesados, perseguidos, por oponerse a las políticas mineras promovidas por el gobierno central; campesinos amenazados en Santiago del Estero que resisten defendiendo sus tierras ante avance del modelo agroexportador. La muerte del campesino Cristian Ferreira en Santiago, muestra el grado de violencia que se ejerce desde el poder económico.
En la Rioja, Famatina, región agrícola y turística ya son varios los manifestantes procesados bajo la polémica ley antiterrorista por oponerse a la megaminería que destruirá sus lugares. En Catamarca los asambleístas fueron reprimidos en el mes de enero por cortar parcialmente las rutas e impedir el paso de camiones de Minera la Alumbrera. La lista negra creada por la empresa Osisko Mining Corporation, donde se detallan datos personales, profesión, etc. de integrantes de estas asambleas y ciudadanos comunes, como así también, funcionarios, es un antecedente que nos pone el alerta.
La criminalización de la protesta social es actualmente la respuesta que da el gobierno a los reclamos del pueblo que solo pide que se respeten los derechos reconocidos en la Constitución.
No debemos permitir que dentro de la democracia lograda después de años de represión y miles de desaparecidos, sigan alentándose prácticas que tienen como objetivo instalar el miedo, acallar las voces disonantes, negar la libertad de expresión, la autodeterminación de los pueblos y el ejercicio de sus derechos.
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