Por separado, fuentes de la Cámara Alta de la Provincia y de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios admitieron a AgePeBa que el aun irresuelto caso Candela stá por caer en manos de una Comisión del Senado y que los preparativos para el juicio político al fiscal designado por la dictadura avanzan en forma acelerada.
Para fines de la semana próxima debería estar integrada, previo sorteo como lo indica la ley, la Comisión de Juicio Político al fiscal general de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate, con causa abierta ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, por graves irregularidades en su desempeño, entre ellos en el caso Candela.
Entre otras imputaciones a ese fiscal designado como tal por la dictadura y varias veces acusado de haber participado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, el pasado 29 de febrero, uno de los abogados que intervienen en el caso Candela, Marcelo Mazzeo, señaló que se está ante un hecho que encierra la complicidad de Nieva Woodgate y de su dependiente, el fiscal Marcelo Tavolaro, como así también la del actual jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, y de su antecesor, Juan Carlos Paggi, en delitos perpetrados por narcopolicías.
“Matzkin, recibió órdenes de su antecesor, Juan Carlos Paggi, para que direccione las investigaciones sobre la muerte Candela hacia personas completamente inocentes y ajenas. El juez Meade avaló todas y cada una de las actuaciones de los fiscales. Están claras las complicidades del jefe de fiscales de Morón, Nieva Woodgate, y del fiscal Tavolaro”, dijo aquella vez Mazzeo a AgePeBa; quien disparó “Matzkin encubrió las conexiones narcopoliciales del caso Candela por orden de Juan Carlos Paggi”.
Una vez cumplidos los pasos formales previstos por la ley, en principio para antes del fin de la semana próxima, quedará todo dispuesto para avanzar con el juicio político a Nieva Woodgate, resaltaron las fuentes de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, voces de distintos sectores del Senado provincial aguardan que cobre inminente vigencia el proyecto de creación de una Comisión Especial de esa cámara para investigar a fondo todas las alternativas del caso Candela, el que está ofreciendo el perfil completo de un hecho de complicidad narcopolicial con funcionarios públicos y dirigentes políticos.
La propuesta fue impulsada por el titular de la Comisión de Seguridad, Jorge D’onofrio, con de todos los senadores del FpV-PJ.
Algunas versiones periodísticas de las últimas horas, como así también de políticos que pretenden enturbiar el panorama provincial, insisten en que la creación de esa comisión en el Senado sería molesta y negativa para el gobernador Daniel Scioli.
Sin embargo, voces de adentro de lo que algunos denominan “sciolismo” indicaron que la gobernación se vería fortalecida toda vez que las instituciones de la Provincia funcionen como corresponde y le den respuesta a la sociedad acerca de casos que tanto preocupan.
En ese sentido, las fuentes allegadas a la Gobernación admitieron que ésta y el Senado colaborarían estrechamente en el presente tipo de hechos, más allá de lo complicados que resulten algunos funcionarios del Ejecutivo provincial, de la policía y hasta de la Fiscalía y la propia Procuración General, en el caso de haber cometido delitos.
Esa lectura de los hechos tira por tierra el torrente de operaciones político periodísticas que vienen registrándose en el ámbito bonaerense.
Lo que sí aparece como cierto es la actividad cada día creciente en el Senado de la Provincia, tendiente a que los problemas de seguridad ciudadana sean prontamente solucionados conforme a las leyes y desactivando todos lo peligrosos bolsones de complicidad política con el delito, tal acual lo ha venido reclamando públicamente el vicegobernador Gabriel Mariotto.
Sobre este tablero de especial dinamismo, un medio bonaerense, el portal Infocielo, acaba de asegurar que el actual vicepresidente de la Cámata Alta provincial, Sergio Berni, estaría por pasar a Nación, como secretario de Seguridad, a las órdenes de la ministra Nilda Garré.
Para fines de la semana próxima debería estar integrada, previo sorteo como lo indica la ley, la Comisión de Juicio Político al fiscal general de Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate, con causa abierta ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, por graves irregularidades en su desempeño, entre ellos en el caso Candela.
Entre otras imputaciones a ese fiscal designado como tal por la dictadura y varias veces acusado de haber participado en la comisión de crímenes de lesa humanidad, el pasado 29 de febrero, uno de los abogados que intervienen en el caso Candela, Marcelo Mazzeo, señaló que se está ante un hecho que encierra la complicidad de Nieva Woodgate y de su dependiente, el fiscal Marcelo Tavolaro, como así también la del actual jefe de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin, y de su antecesor, Juan Carlos Paggi, en delitos perpetrados por narcopolicías.
“Matzkin, recibió órdenes de su antecesor, Juan Carlos Paggi, para que direccione las investigaciones sobre la muerte Candela hacia personas completamente inocentes y ajenas. El juez Meade avaló todas y cada una de las actuaciones de los fiscales. Están claras las complicidades del jefe de fiscales de Morón, Nieva Woodgate, y del fiscal Tavolaro”, dijo aquella vez Mazzeo a AgePeBa; quien disparó “Matzkin encubrió las conexiones narcopoliciales del caso Candela por orden de Juan Carlos Paggi”.
Una vez cumplidos los pasos formales previstos por la ley, en principio para antes del fin de la semana próxima, quedará todo dispuesto para avanzar con el juicio político a Nieva Woodgate, resaltaron las fuentes de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, voces de distintos sectores del Senado provincial aguardan que cobre inminente vigencia el proyecto de creación de una Comisión Especial de esa cámara para investigar a fondo todas las alternativas del caso Candela, el que está ofreciendo el perfil completo de un hecho de complicidad narcopolicial con funcionarios públicos y dirigentes políticos.
La propuesta fue impulsada por el titular de la Comisión de Seguridad, Jorge D’onofrio, con de todos los senadores del FpV-PJ.
Algunas versiones periodísticas de las últimas horas, como así también de políticos que pretenden enturbiar el panorama provincial, insisten en que la creación de esa comisión en el Senado sería molesta y negativa para el gobernador Daniel Scioli.
Sin embargo, voces de adentro de lo que algunos denominan “sciolismo” indicaron que la gobernación se vería fortalecida toda vez que las instituciones de la Provincia funcionen como corresponde y le den respuesta a la sociedad acerca de casos que tanto preocupan.
En ese sentido, las fuentes allegadas a la Gobernación admitieron que ésta y el Senado colaborarían estrechamente en el presente tipo de hechos, más allá de lo complicados que resulten algunos funcionarios del Ejecutivo provincial, de la policía y hasta de la Fiscalía y la propia Procuración General, en el caso de haber cometido delitos.
Esa lectura de los hechos tira por tierra el torrente de operaciones político periodísticas que vienen registrándose en el ámbito bonaerense.
Lo que sí aparece como cierto es la actividad cada día creciente en el Senado de la Provincia, tendiente a que los problemas de seguridad ciudadana sean prontamente solucionados conforme a las leyes y desactivando todos lo peligrosos bolsones de complicidad política con el delito, tal acual lo ha venido reclamando públicamente el vicegobernador Gabriel Mariotto.
Sobre este tablero de especial dinamismo, un medio bonaerense, el portal Infocielo, acaba de asegurar que el actual vicepresidente de la Cámata Alta provincial, Sergio Berni, estaría por pasar a Nación, como secretario de Seguridad, a las órdenes de la ministra Nilda Garré.
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