Las comunidades indígenas de Río Negro podrán tener título de propiedad

El legislador del Frente para la Victoria, César Miguel, junto a los legisladores Silvia Horne y Martín Doñate, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo principal el reconocimiento, instrumentación y entrega de los títulos de propiedad comunitaria a las comunidades indígenas asentadas en el territorio de la Provincia. 


Al respecto, los parlamentarios fundamentan: “Este proyecto constituye un acto de reparación que apunta a constituir las bases de una provincia intercultural que reconozca a la cultura mapuche como parte integrante y fundamental de una provincia más justa e igualitaria”.

Por otro lado, se resalta el rol del CODECI, en tanto organismo provincial que ha avanzado con la confección de las carpetas técnicas que constituyen el relevamiento técnico, jurídico y catastral a que refiere la ley nacional 26.160 y su prórroga, por tanto el presente proyecto de ley se enmarca en resultados que el mismo gobierno provincial ya se obligó a producir.

Consideramos que la instrumentación del relevamiento llevado a cabo en el territorio de la provincia constituye un primer paso de reconocimiento de derechos hacia los pueblos indígenas, que de ninguna manera se acaban con este proyecto de ley”, resaltaron los legisladores.

Además, agregaron que “el objeto del proyecto es brindar mayor seguridad jurídica a las comunidades indígenas cuyos territorios han sido delimitados y marcados conforme las prescripciones de la ley nacional 26.160”. También, señalaron que “sabemos que existen comunidades indígenas que aún no han sido relevadas, por ello proponemos que este proyecto se constituya en el puntapié para iniciar un camino de reconocimiento de derechos, de consulta y participación a las comunidades indígenas y sus organizaciones políticas”.

En función del marco jurídico, en materia de reconocimiento de derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena, a nivel internacional, nacional y provincial, no caben dudas de que esta ley resulta ser una clara necesidad legislativa que no debe ni puede dilatarse en absoluto. De esta manera, se busca dar inicio a un proceso de participación y construcción colectiva de análisis, estudio y propuestas al proyecto de ley presentado con la intervención de todos los actores involucrados.











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