Pero lo que debemos remarcar es la actitud negociadora y
democrática con que la AFSCA asume esta nueva situación, porque jurídicamente
corresponde la “adecuación de oficio” al haberse vencido el plazo determinado
por el Congreso Nacional. Las prácticas dilatorias llevadas adelante por el
grupo solo paralizaban la ejecución de la misma, pero no de los tiempos
establecidos.
Mientras tanto, el Grupo Clarín continúa realizando
afirmaciones temerarias, reñidas con la verdad, que no pudo demostrar en sede
judicial pero que repite a través de todo su sistema de poder comunicacional
para generar confusión en la opinión pública. La más flagrante, cuando intenta
adjudicar a la ley una finalidad “con nombre y apellido”. El oligopolio que se
conformó asociándose con la más sangrienta dictadura militar que asoló al país;
que intentó amedrentar e imponer condiciones a todos los gobiernos
democráticos; que se expandió por todo el país
sobre la base de la presión económica y el ahogo financiero de sus
competidores, se queja de “falta de igualdad ante la ley”. Una mentira que ni
el mismo Magnetto puede creerse.
Aún dividido en seis empresas menores, Clarín seguirá siendo
el Grupo multimedios más poderoso de la Argentina, conservando 3 canales de TV
abierta, 24 señales de de cable; dos radios de AM y tres FM. Si con todo eso no
puede considerarse una empresa autosuficiente, deberá revisar sus parámetros.
Tal vez no sea todo lo eficiente que cree.
Para su propio beneficio, Clarín sigue confundiendo
“libertad de prensa” con su rentabilidad económica. La Corte Suprema de
Justicia le hizo saber de la diferencia, pero sigue sin entenderlo.
El comunicado del grupo está
plagado de conceptos erróneos o prejuiciosos, que persiguen la finalidad de
ocultar la verdad. Veamos algunos:
-
El grupo Clarín argumenta en forma grosera que el
gobierno nacional pretende “una lisa y llana confiscación” En otro párrafo
menciona la presión de “una amenaza de confiscación”. Afirmaciones
publicitarias, antijurídicas, que buscan desviar la atención. Los asesores
jurídicos de este oligopolio seguramente han leído la Constitución Nacional,
pero por las dudas citamos textualmente el artículo 17: “La confiscación de
bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino”.
-
Se queja del “avance ilegal y de facto” que habría
emprendido el gobierno nacional para “quitarle compulsivamente” sus medios
audiovisuales. En realidad, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), un organismo descentralizado y autárquico, fue la
responsable de informar que comenzaba el proceso de “adecuación de oficio”.
-
Clarín asegura que el gobierno “pretende quitarle
escandalosamente” plazos “que nunca empezaron a correr”. Según su particular
forma de ver la realidad, tendría todavía un año de plazo para la “adecuación
voluntaria”. En realidad, según la doctrina de la corte, las medidas cautelares
suspenden la puesta en vigencia de la ley pero no los plazos establecidos.
Reclamar lo contrario es colocarse por encima de lo dispuesto en la propia ley.
-
Con bastante despreocupación por la verdad, el grupo
Clarín enfatiza que la Ley de Medios está hecha “con nombre y apellido” y que
discrimina “brutalmente a un grupo por sobre sus competidores”. De haber
ocurrido esto, la Corte Suprema la habría declarado inconstitucional sin más
trámite. La ley establece un marco jurídico en el cual deben desenvolverse
todos los actores de la radio y la televisión.
-
Clarín sigue repitiendo que la única forma de
“garantizar su independencia periodística” es la “necesaria integración y
fortaleza”. Precepto que no pudo demostrar en la Audiencia Pública desarrollada
frente a la Corte Suprema de Justicia. Es una mentira gigantesca asegurar que
la única garantía de la libertad de prensa es la fortaleza económica.
-
Asegurar que la división del oligopolio “va en
contra de las tendencias mundiales” es una verdad a medias. Es cierto que
dentro del sistema capitalista existe una tendencia a la concentración; tanto
como que los países desarrollados intentan colocar limitaciones que impiden la
monopolización de la opinión pública y la circulación de información. El
sistema regulatorio definido por la ley argentina toma como base el sistema estadounidense
(al que no se le ocurriría definir como arbitrario), y es más liberal que el
alemán, por ejemplo (donde se impide a los propietarios de medios gráficos
acceder a licencias de radio y/o televisión).
-
Clarín reclama “una autoridad de aplicación independiente,
imparcial y con solvencia técnica”, que sería “lo contrario de lo que sucede
hoy”. Otra afirmación disparatada. El directorio de AFSCA y su presidencia han
sido designados en la proporción y con las condiciones que establece la ley. La
misma que acaba de ser declarada constitucional.
-
Dice que en preservación de sus derechos concurrirá a
organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Y no dice que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH
recomienda a los Estados miembros de la OEA “que desarrollen medidas que
impidan las prácticas monopólicas y oligopólicas en la propiedad de los medios
de comunicación social, así como mecanismos efectivos para ponerlas en efecto”.
-
Y sostiene que “la Argentina se debe aún el
debate de una ley seria, no hecha contra alguien en particular sino en
beneficio de la información independiente”. Una afirmación al menos maliciosa,
que parte como una llamada al debate amplio y libre cuando en realidad pretende
invisibilizar y descalificar el proceso previo a la sanción de la ley de
medios. Una etapa signada por un verdadero debate en todo el país y del que
Clarín se autoexcluyó porque confiaba en impedir primero su tratamiento;
después su aprobación; luego su puesta en práctica. Un debate en el que
participaron universidades nacionales, asociaciones de profesionales,
organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de oyentes y los
propios actores de las comunicaciones.
Ahora, Clarín tiene un solo camino: cumplir con la ley. Sin
más vueltas.
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