El juez que entiende en la causa por al murete de Guilllermo coco Garrido en el interior de la comisaria 12 de El Bolsón, Martín Lozada tomó declaración indagatoria el jueves a tres efectivos policiales imputados por la muerte ocurrida en enero de 2011 .
A su criterio, “violaron el deber de cuidado exigido al dejar al detenido Garrido con un elemento con el que podía atentar contra su vida, tal cual resultó ser el cinturón de un metro de longitud y tres centímetros de ancho, que llevaba colocado en su cintura. Momentos después, y en el interior del recinto, (la víctima) utilizó ese elemento y se colgó de uno de las rejas del calabozo, operación que le produjo la muerte", indicó el magistrado.
En coincidencia, hoy, a las 15, en plaza Pagano, familiares y allegados realizarán una nueva marcha para pedir justicia, al conmemorarse dos años y 10 meses de su muerte.
Los manifestantes se trasladarán luego hasta el CEM 48 para compartir proyecciones y se generará un debate. Asistirán también familiares de víctimas de violencia institucional y la abogada de la “causa Garrido”, Marina Schiffrin.
El expediente sigue con la carátula de “investigación de homicidio”, aún cuando hay informes forenses “que avalan la hipótesis del suicidio”, se indicó.
El hecho ocurrió el día 13 de enero de 2011, entre las 21,40 y las 22,50, en el interior de una celda de la unidad policial de El Bolsón. En esa oportunidad, “Garrido fue detenido en calidad de contraventor, luego de que protagonizara un accidente de tránsito en estado de ebriedad”, se explicó desde el Poder Judicial a través de un parte de prensa.
“Previo a ingresar al interior del calabozo -donde luego fuera hallado sin vida-, uno de los imputados tuvo a su cargo el secuestro de algunos de los efectos que portaba consigo el detenido. Otro tuvo a su cargo el registro por escrito de aquellos objetos secuestrados por parte de su compañero. Por su parte, el tercero fue el empleado que supervisó dicha operatoria llevada adelante por sus subordinados”, según detalló Lozada.
En consecuencia, “al encontrarse a cargo del detenido Garrido los prevenidos incurrieron en un obrar negligente al omitir el cumplimiento de los deberes a su cargo, en tanto, en el caso concreto, no tomaron los recaudos que requería la situación del nombrado”, aseveró el juez del caso.
Sobre la imputación, el abogado defensor de dos de los policías, Víctor Hugo Massimino, remarcó ayer que sus representados “están como indagados y en este momento se dio vista al fiscal Eduardo Fernández el pedido de sobreseimiento del resto de los policías imputados en la causa”.
Precisó enseguida que “ahora se abre la etapa de investigación, donde va a quedar acreditado que estos uniformados no han tenido nada que ver con los hechos de los que se los acusa”.
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