En medio de una creciente polémica en torno a la tenencia de tierras en Lomas del Medio, distintas denuncias y reclamos de vecinos llegaron a la agenda pública. Una mujer asegura que el municipio pretende desalojarla; una familia de la zona, Lovera, sostiene que se les redujo el dominio de seis a cuatro hectáreas; y aparecieron ofertas de lotes a la venta a través de la plataforma Marketplace, en localidades distantes como Comodoro Rivadavia.
Frente a estas versiones cruzadas, la jefa de Gabinete del municipio, Adriana del Agua, y el director de Catastro Municipal, Mario Mastroianni, brindaron precisiones sobre la situación y remarcaron que se trata de un conflicto complejo, actualmente judicializado.
“Las tierras son de jurisdicción nacional”
La jefa de Gabinete explicó que la zona en cuestión es un área de reserva bajo potestad del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y subrayó que el municipio no avala ocupaciones irregulares.
“Todo ese sector de Loma del Medio es una reserva que maneja INTA. Quiero ser clara: está judicializado y el municipio contestó los informes requeridos por la Justicia. Nosotros no avalamos tomas y la municipalidad no entregó certificados de ocupación”, señaló la funcionaria.
La jefa de Gabinete insistió en que la política municipal en materia de tierras se centra en el desarrollo territorial ordenado y legal. “Nuestro objetivo es llevar tranquilidad a la comunidad: el municipio hizo lo que corresponde y respetamos la jurisdicción nacional”, afirmó.
Relevamientos y denuncias
Por su parte, Mastroianni detalló que la intervención del municipio se produjo a partir de pedidos de vecinos que reclamaban ordenamiento en el sector, especialmente en la zona detrás de la ubicación del destacamento de Loma del Medio.
“Fuimos a relevar y nos encontramos con ocupaciones sobre la vereda, lo que motivó una denuncia inmediata. También detectamos publicaciones de supuesta venta de terrenos en un grupo de Comodoro Rivadavia, y eso también se denunció”, explicó.
Respecto a la familia Lovera, el funcionario sostuvo que la mensura oficial registra cuatro hectáreas y no seis, como sostienen los vecinos. “El INTA no corroboró la tenencia de esas dos hectáreas adicionales. No estamos en contra de la familia, pero lo que guía al municipio es la mensura registrada”, precisó.
Riesgos y preocupación ambiental
Otro de los puntos destacados por Mastroianni fue la presencia de familias viviendo debajo de una línea eléctrica, situación que calificó como “extremadamente peligrosa”, sobre todo de cara a la temporada estival y el riesgo de incendios de gran magnitud.
“No podemos permanecer ajenos cuando se ve descontrol, cortes de árboles y ocupaciones que ponen en riesgo a la población. Incluso, hay un camino municipal establecido por ordenanza, el Mario Márquez, que habilita accesos turísticos y que no puede quedar obstruido”, advirtió.
En manos de la Justicia
Tanto Adriana del Agua como Mastroianni coincidieron en remarcar que el conflicto ya está en sede judicial y que el rol del municipio es únicamente acompañar, ordenar y denunciar irregularidades. “Lo que se busca no es confrontar con las familias, sino preservar un área que es reserva nacional y garantizar que no se multipliquen situaciones de riesgo ni ocupaciones ilegales”, concluyeron.
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