La investigación avanzó con allanamientos en tres viviendas y una requisa en el edificio judicial. El principal sospechoso, un joven de 20 años que enfrenta un juicio por robo agravado, habría buscado frenar el inicio del debate con una falsa amenaza.La Fiscalía de Bariloche realizó este miércoles (19/11) una serie de allanamientos y medidas urgentes en el marco de la investigación iniciada por la amenaza de bomba que afectó al edificio del Poder Judicial a primera hora de la mañana. Gracias al trabajo de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) del Ministerio Público, se logró identificar a la persona asociada a la línea desde la que se habría realizado la llamada anónima minutos después de las 8.
Con esa información, el fiscal en turno dispuso allanamientos destinados a secuestrar dispositivos electrónicos y reunir evidencia para el legajo que tramita bajo las figuras de intimidación pública y perturbación del ejercicio de funciones públicas. Las diligencias comenzaron pasado el mediodía y fueron ejecutadas por personal de la Brigada de Investigaciones Judiciales.
Las medidas incluyeron operativos en tres viviendas particulares: dos ubicadas en el barrio Virgen Misionera y otra en la zona del kilómetro 20, en el Este de la ciudad. En los tres domicilios se secuestraron diversos elementos, entre ellos más de diez teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias. Además, se realizó una requisa dentro del propio edificio judicial, donde también se secuestró un dispositivo móvil a una persona alojada en el calabozo.
El principal sospechoso es un joven de 20 años que esta mañana debía enfrentar el inicio del debate oral por un robo agravado ocurrido el 25 de diciembre pasado. Según la acusación, integraba un grupo de tres hombres que irrumpieron en una vivienda tras romper una reja y se apoderaron de dinero. La denuncia de la propietaria, que advirtió movimientos a través de cámaras de seguridad, permitió la detención inmediata de dos de ellos, mientras que el tercero –ahora implicado en la amenaza de bomba– fue identificado posteriormente.
De acuerdo a las primeras evidencias, la llamada que advertía sobre un presunto artefacto explosivo habría sido realizada desde una línea telefónica vinculada a este último, con la presunta intención de impedir o retrasar el inicio del juicio. Sin embargo, pese a la activación del protocolo de seguridad, el debate comenzó con algunos minutos de demora y se desarrolló con normalidad. El veredicto será dado a conocer el próximo 27 de noviembre.
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