Escalada de tensión en Junín de los Andes: el protocolo antipiquetes dejó seis agentes lesionados en la Ruta 40

Momentos de fuerte tensión se vivieron este lunes sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del río Curruhué, en Junín de los Andes, donde un grupo de trabajadores municipales cortó el tránsito en reclamo de una recomposición salarial.La protesta, encabezada por empleados de ordenanza que perciben salarios de $262.000 mensuales, derivó en la aplicación del protocolo antipiquetes y dejó como saldo al menos seis agentes heridos, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El corte afectó el tránsito hacia San Martín de los Andes y se mantenía con una modalidad intermitente, liberando la circulación cada dos horas. Sin embargo, pasado el mediodía se montó un amplio operativo de seguridad con la participación de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y fuerzas provinciales, que avanzaron para desalojar a los manifestantes.

Azucena Quintriqueo, representante zonal de ATE, explicó que los trabajadores en conflicto ingresaron al municipio bajo programas de entrenamiento laboral y contención social. “Son alrededor de 500 los trabajadores que están de paro y algunos decidieron cortar la ruta”, señaló. El reclamo central apunta a una recomposición salarial que eleve los haberes hasta, al menos, los $500.000, para luego aplicar los aumentos por inflación. Según aclaró, el sector que impulsa la medida no está representado formalmente por ATE, sino por la CTA.

Desde el Ejecutivo municipal de esa localidad se había ofrecido comenzar el año con incrementos atados al IPC, en línea con la paritaria cerrada en diciembre, pero calculados sobre los salarios actuales, propuesta que fue rechazada por los trabajadores por considerarla insuficiente.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que las fuerzas federales avanzaron sobre los manifestantes para liberar la calzada. El operativo incluyó empujones, golpes, lanzamiento de proyectiles y fuertes cruces verbales, en una escena que generó repudio en sectores sindicales y de derechos humanos.

Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, defendieron el accionar al señalar que las fuerzas “intervinieron para despejar un corte que impedía la circulación de servicios de emergencia, vecinos y turistas”, y aseguraron que el procedimiento se realizó “conforme a los protocolos establecidos”. Además, ratificaron que el protocolo antipiquetes “se encuentra vigente en todo el territorio nacional y se aplicará cada vez que sea necesario”, pese a los cuestionamientos judiciales.

El corte fue finalmente levantado cerca de las 15:30, luego de varios minutos de máxima tensión, tras la intervención del Gobierno provincial que dictó la conciliación obligatoria. Según confirmó el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, una audiencia clave para intentar destrabar el conflicto fue convocada para este jueves, posiblemente a las 11, en Junín de los Andes. El dirigente cuestionó duramente el uso de la fuerza y sostuvo que “esos recursos deberían destinarse a garantizar salarios dignos y no a reprimir”.

Por su parte, la Municipalidad de Junín de los Andes emitió un comunicado en el que se despegó del operativo, aclarando que no tuvo “participación, injerencia ni intervención” en el accionar de las fuerzas nacionales y lamentando los hechos de violencia registrados.

El trasfondo del conflicto se da en medio de la controversia judicial por el protocolo antipiquetes. Días atrás, el juez Martín Cormick declaró su nulidad al considerar que vulnera derechos constitucionales como la libertad de reunión y expresión. No obstante, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció que la Justicia concedió la apelación del Gobierno nacional y aseguró que el protocolo “no se suspende”.

El fallo judicial cuestiona, entre otros puntos, la habilitación de tareas de inteligencia sobre manifestantes, la falta de resguardo para grupos vulnerables y la intervención represiva sin orden judicial. Aun así, el Gobierno ratificó su postura y defendió la herramienta como un mecanismo para “devolver orden y previsibilidad”.

Mientras tanto, el conflicto salarial de los trabajadores municipales sigue abierto y la región permanece en alerta, en un escenario donde el reclamo social, la intervención de fuerzas federales y la disputa judicial por el protocolo antipiquetes vuelven a cruzarse en una de las rutas más importantes de la Patagonia.