Conflicto por tierras en El Bolsón: la Justicia analiza un litigio que lleva más de 30 años


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Un antiguo conflicto por la posesión de tierras en la zona norte de El Bolsón volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Se trata de un predio de aproximadamente 33 hectáreas donde desde hace más de tres décadas reside la familia Sáez, mientras que los herederos de la familia Romero reclaman la titularidad del terreno.

El abogado Horacio José, representante legal de la familia Sáez, explicó que el conflicto tiene su origen en un acuerdo informal que se habría establecido hace más de 30 años entre el entonces propietario y el padre de Patricia Sáez.

Según detalló el letrado, la familia a la que representa permanece en el lugar desde ese tiempo como poseedora pacífica de una parte del predio. “Ellos son poseedores en forma pacífica de una porción de ese terreno de 33 hectáreas, en las cuales realizaron tareas de mantenimiento y cuidado”, señaló.

El abogado explicó que en los inicios del vínculo entre ambas familias existía un entendimiento por el cual los Sáez actuaban como cuidadores del lugar y permanecían en una parte del terreno sin conflictos. Con el paso de los años, esa situación derivó en el actual litigio impulsado por los herederos de la familia Romero.


En los últimos días trascendió la posibilidad de un desalojo contra la familia Sáez, algo que finalmente no prosperó. José aclaró que el juez interviniente no avaló esa medida por el momento. “Conforme a la orientación del juzgado y a pedido de la querella y del Ministerio Público Fiscal, el juez no avaló esa medida hasta tanto se determinen las pruebas conducentes”, explicó.

El letrado indicó que la Justicia sí tiene acreditada la presencia de la familia en el lugar desde hace décadas y que no se trata de una ocupación reciente ni violenta. “Ellos estaban habitando desde sus orígenes”, remarcó.

Durante estos más de 30 años, la familia habría realizado diferentes mejoras en el predio, como plantaciones, alambrados y construcciones. En caso de avanzar un proceso civil, estas inversiones podrían ser consideradas en una eventual compensación económica.

Por ahora, la discusión judicial se concentra en el plano penal para determinar responsabilidades, mientras que cualquier reclamo vinculado a la propiedad o a las mejoras deberá resolverse en la vía civil.

José sostuvo que, ante un conflicto tan prolongado y con fuertes vínculos generados en el territorio, lo más razonable sería que las partes puedan alcanzar un acuerdo. “En 30 años se generaron vínculos, muchos de los hijos de la familia Sáez nacieron en ese lugar”, explicó.

Además, señaló que los herederos que reclaman la titularidad del predio no residen actualmente en la provincia, mientras que la familia Sáez mantiene presencia permanente en el lugar desde hace décadas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática frecuente en la Comarca Andina, donde antiguas ocupaciones, acuerdos informales y sucesiones familiares derivan en disputas judiciales complejas que, en muchos casos, se arrastran durante años antes de encontrar una resolución.










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