El fiscal de El Hoyo Nicolás Vasiliev solicitó cerrar la causa contra Marcelo Mamolitti y Mauro Palma al considerar que la investigación no reunió pruebas suficientes para sostener una acusación penal.
El Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de dos exfuncionarios vinculados a la Dirección General de Servicios Públicos de Chubut que habían sido investigados por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
Se trata de Marcelo Ceferino Mamolitti, exsubsecretario de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, y Mauro Ariel Palma Larreburu, exjefe de la Delegación Noroeste del organismo.
El pedido fue presentado por el fiscal general Nicolás Vasiliev en el marco del legajo “Tórtola Hernán Jesús s/ denuncia”. En su escrito, el funcionario judicial señaló que la prueba reunida durante la investigación no alcanza el estándar necesario para avanzar hacia una acusación formal.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación de Chubut, Hernán Tórtola, quien advertía sobre posibles irregularidades vinculadas a contrataciones relacionadas con el servicio público de energía eléctrica.
Según la denuncia, los exfuncionarios habrían tenido intereses privados en empresas vinculadas al rubro energético y de telecomunicaciones, entre ellas Ingenio y Net42, que mantenían relaciones comerciales con organismos o servicios vinculados al Estado provincial.
Contrato con Transacue
Uno de los puntos analizados durante la investigación fue la relación contractual entre la empresa Transacue SA —dedicada a la generación, transporte y distribución de energía— y la firma Ingenio, vinculada a Palma.
El contrato, firmado en mayo de 2020, estaba relacionado con tareas de operación y mantenimiento de la Estación Transformadora El Coihue y el mantenimiento de una línea eléctrica de 132 kilovoltios.
Durante la investigación, el presidente de Transacue, Gerardo Aguilera, declaró que ni Mamolitti ni Palma integraban el directorio de la empresa ni representaban al Estado dentro de la sociedad. Según el fiscal, ese dato resulta clave porque el delito investigado requiere que el funcionario intervenga en la negociación en razón de su cargo.
Al no haberse verificado esa participación directa en la toma de decisiones de la empresa, el fiscal concluyó que los hechos no encuadran dentro del delito de negociaciones incompatibles previsto en el artículo 265 del Código Penal.
Investigación sobre Net42
Otro aspecto investigado fue la participación de los exfuncionarios en la empresa Net42, dedicada al rubro de telecomunicaciones.
En el expediente se incorporó un documento de compraventa del fondo de comercio mediante el cual Mamolitti y Palma vendieron la firma a Sergio Benedetti. También se analizó un convenio para el uso de postes de líneas eléctricas pertenecientes a la Dirección General de Servicios Públicos para el tendido de fibra óptica.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el acuerdo establecía como contraprestación para el organismo estatal el uso gratuito de fibra óptica y la entrega anual de 3.000 litros de combustible.
Si bien Mamolitti aparece en ese convenio en su rol de director de Servicios Públicos, el fiscal indicó que no se pudo determinar la existencia de un beneficio personal derivado de esa decisión.
Falta de evidencia
Tras analizar la documentación, informes financieros y testimonios reunidos durante la investigación, el fiscal concluyó que los elementos recolectados resultan insuficientes para sostener una acusación penal.
En ese sentido, señaló que las evidencias obtenidas son “endebles para sostener el hecho endilgado” y que, ante la falta de pruebas, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.
Por este motivo, solicitó al juez que convoque a una audiencia para tratar el pedido de sobreseimiento de los imputados conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.
No obstante, el fiscal indicó que durante la investigación surgieron otros hechos que podrían ameritar análisis en el ámbito de delitos contra la administración pública, por lo que el expediente será remitido a la Unidad Fiscal Especializada en esa materia para su eventual seguimiento.
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