En el marco de la creciente preocupación por las amenazas en establecimientos educativos de la región y del país, el secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, Aníbal Fernández, planteó una mirada crítica sobre el abordaje que se está dando a estos hechos y llamó a repensar las respuestas desde una perspectiva educativa, social y comunitaria.
Fernández fue contundente al señalar que, para el gremio docente, este tipo de amenazas no debe ser tratado como un hecho estrictamente delictivo. “Para nosotros no es un problema criminal, no es un problema de investigaciones, es un problema pedagógico”, afirmó, marcando una clara diferencia con los protocolos impulsados desde distintos niveles del Estado que, según indicó, tienden a priorizar la intervención policial.
En ese sentido, cuestionó la aplicación de medidas que implican la presencia de fuerzas de seguridad dentro de las escuelas, al considerar que “en el momento en que convalidemos eso, perdimos la batalla educativa”. Para el dirigente, si bien estos episodios muchas veces se originan fuera del ámbito escolar, una vez que ingresan a la institución deben ser abordados desde herramientas propias del sistema educativo.
El referente de UNTER destacó además la importancia de escuchar a los propios estudiantes, a quienes definió como jóvenes “con mucho compromiso” y con una mirada clara sobre lo que está ocurriendo. En esa línea, valoró los espacios de diálogo generados recientemente con distintas instituciones, donde se buscó analizar la problemática y construir alternativas, aunque advirtió que el trabajo se realiza “con los pocos recursos que hoy tenemos”.
Uno de los puntos centrales de su planteo fue la falta de políticas públicas sostenidas en materia de prevención. Fernández citó como ejemplo la situación de la CENAF, que cuenta con apenas “cuatro o cinco trabajadores para atender la prevención en todas las localidades”, desde El Manso hasta Ñorquinco. remarcó que la prevención “ha dejado de ser política de Estado”.
En su análisis, el dirigente consideró que las amenazas son un fenómeno complejo y multicausal, vinculado a una sociedad en crisis, con hogares atravesados por situaciones de vulnerabilidad y con nuevas dinámicas propias de la tecnología y la viralización. “A veces puede ser una broma mal pensada, un llamado de atención, un ‘acá estoy, mírenme’”, explicó, aunque advirtió que también existen casos más graves relacionados con sufrimientos profundos y falta de contención.
Fernández subrayó que no se trata de minimizar la situación reconociendo que este tipo de amenazas constituye un delito, sino de comprender que su abordaje requiere una mirada integral. “Es un problema que no se puede definir de manera sencilla, es multicausal y hay que atacarlo desde diferentes lugares”, afirmó.
En ese marco, insistió en la necesidad de generar más espacios de escucha y acompañamiento para jóvenes que atraviesan situaciones complejas. Señaló que muchos estudiantes no cuentan con contención en sus hogares ni acceso a atención terapéutica, por lo que demandan la intervención de instituciones como el hospital o equipos especializados.
Finalmente, el secretario general de UNTER puso el foco en la falta de recursos dentro del sistema educativo, especialmente en los equipos técnicos. Recordó que antiguamente existían gabinetes pedagógicos dentro de las escuelas, mientras que hoy los equipos de apoyo ETAP deben atender múltiples instituciones con personal limitado. “Tenemos tres o cuatro profesionales para 10 o 12 escuelas. Eso claramente no alcanza”, expresó.
La situación, concluyó, requiere una fuerte inversión estatal y un compromiso sostenido para fortalecer las políticas públicas educativas y de salud mental, con el objetivo de brindar herramientas reales a las comunidades escolares frente a una problemática que, lejos de ser aislada, ya se ha extendido en todo el país.
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