El homicidio de Federico Rodríguez puede seguir investigándose pese al sobreseimiento de los imputados

El doctor Francisco Arrien se refirió a la situación judicial vinculada al homicidio de Federico Rodríguez, ocurrido en su propiedad en la zona de Los Repollos, área rural de El Bolsón, y explicó que el sobreseimiento de las personas que estuvieron imputadas impide volver a perseguirlas penalmente por el mismo hecho, pero no necesariamente significa el cierre definitivo de la investigación para determinar si existieron otros responsables.

Arrien realizó estas consideraciones desde su conocimiento profesional como abogado y del Código Procesal Penal, aclarando que no intervino como fiscal en esta causa y que, por lo tanto, no conoce en detalle todas las actuaciones y evidencias incorporadas al expediente.

Uno de los principales interrogantes planteados tiene que ver con la sensación de impunidad que puede generar en la familia y en la comunidad el sobreseimiento de quienes estuvieron bajo investigación. Sobre este punto, Arrien marcó una diferencia fundamental.

“Una vez que la persona es sobreseída, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa”, explicó. Se trata de una garantía esencial del proceso penal, vinculada al principio conocido como non bis in idem, que impide que una persona cuyo sobreseimiento adquirió firmeza vuelva a ser perseguida penalmente por el mismo hecho.

Sin embargo, Arrien sostuvo que esto no equivale necesariamente a que un homicidio sin autor determinado deje de investigarse. Según explicó, los plazos de prescripción de este tipo de delitos están vinculados a las penas previstas para cada figura penal y pueden ser muy extensos. En consecuencia, mientras la acción penal permanezca vigente, una investigación puede continuar respecto de posibles autores que no hayan quedado alcanzados por un sobreseimiento firme.

“Los homicidios se siguen trabajando, sobre todo porque pueden aparecer pruebas que no se conocían al momento de la investigación”, afirmó.

El abogado también explicó que el sistema procesal establece límites temporales para desarrollar una investigación contra personas concretamente imputadas. En el caso Rodríguez, recordó que la investigación se extendió durante un período considerable y que, según señaló, se habría solicitado una prórroga bajo las previsiones aplicables a casos complejos.

“Llegado un momento, si no hay pruebas objetivas, evidencias claras, específicas y certeras de que una persona cometió un delito, la obligación de los jueces es sobreseer”, señaló Arrien.

Esta cuestión resulta central desde el punto de vista jurídico: una sospecha, incluso cuando pueda ser intensa, no equivale por sí misma a prueba suficiente para sostener indefinidamente una persecución penal. El proceso debe respetar la presunción de inocencia y las decisiones judiciales deben fundarse en evidencia incorporada legalmente a la causa.

La fuga de la imputada

Durante la entrevista también se consultó por la conducta de una de las personas que estuvo imputada y que, según se planteó, se habría fugado en distintas oportunidades mientras se encontraba sometida a medidas cautelares. Arrien fue categórico al señalar que una fuga no constituye por sí sola una prueba de culpabilidad respecto del homicidio.

“No, porque hay muchos motivos por los que la gente se fuga. Una puede ser para eludir a la Justicia”, explicó, agregando que pueden existir otras circunstancias detrás de una conducta de ese tipo.

Sí destacó que quebrantar una prisión domiciliaria tiene consecuencias relevantes al momento de evaluar futuras medidas cautelares. Arrien recordó que, según su conocimiento del caso, una de las personas investigadas había recibido prisión domiciliaria por razones vinculadas al cuidado de hijos menores y posteriormente se habría fugado.

“La persona que se fuga de una prisión domiciliaria ha burlado la confianza de los jueces”, sostuvo, señalando que ese antecedente pesa fuertemente en contra de que vuelva a concedérsele un beneficio de similares características.

Otro de los puntos planteados durante la entrevista estuvo relacionado con presuntas circunstancias ocurridas al momento de la intervención policial, entre ellas la supuesta destrucción del teléfono celular de la víctima. Frente a esa consulta, Arrien evitó emitir una conclusión sobre el caso concreto debido a que no participó de la investigación.

El abogado explicó, en términos generales, que en investigaciones criminales pueden producirse errores o pérdidas de evidencia, especialmente durante las primeras intervenciones, aunque remarcó el trabajo de capacitación realizado para mejorar la preservación de las escenas. En el caso de Federico Rodríguez, insistió en que no cuenta con conocimiento directo suficiente como para determinar qué ocurrió con cada elemento probatorio.

Arrien recordó además que inicialmente fueron imputadas dos personas debido al grado de sospecha existente y que ambas permanecieron durante un tiempo considerable bajo prisión preventiva. Esa medida, cabe remarcar, tiene naturaleza cautelar: no constituye una declaración de culpabilidad ni una pena anticipada.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido especialmente a la familia de Federico Rodríguez: el sobreseimiento de quienes estuvieron imputados no debe confundirse con la imposibilidad absoluta de continuar buscando el esclarecimiento del homicidio.

“Una cosa es que a unas personas no se las pueda perseguir más, porque nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, a que se pueda seguir investigando una causa tan grave como el homicidio del señor Rodríguez”, concluyó.

De esta manera, desde el punto de vista procesal planteado por Arrien, el escenario presenta dos cuestiones diferentes: por un lado, debe respetarse el efecto jurídico de un sobreseimiento firme respecto de las personas beneficiadas por esa resolución; por otro, mientras la acción penal se encuentre vigente y legalmente exista posibilidad de investigación, la aparición de nuevas evidencias puede permitir avanzar sobre otras hipótesis o eventuales responsables. Por eso, el sobreseimiento de determinados imputados no equivale, por sí solo, a establecer que el homicidio de Federico Rodríguez haya quedado jurídicamente impune.