Una nueva resolución judicial vuelve a generar indignación y un profundo malestar en El Bolsón. El juez César Lanfranchi dispuso nuevamente la libertad de un imputado acusado de protagonizar una sucesión de robos contra comercios de la localidad, pese a la reiteración de los hechos atribuidos, la evidencia incorporada a la investigación y la existencia de antecedentes penales condenatorios.
La decisión vuelve a colocar en el centro de la discusión el criterio adoptado por el magistrado frente a hechos delictivos que golpean directamente a comerciantes y vecinos de El Bolsón, quienes desde hace tiempo vienen expresando su preocupación por la inseguridad y, especialmente, por la sensación de que el esfuerzo policial y las investigaciones terminan chocando contra resoluciones judiciales que permiten que personas recientemente detenidas recuperen rápidamente la libertad.
En este caso, el imputado, de 28 años, está acusado de cuatro hechos de robo que la investigación judicial encuadra bajo la figura de “robo reiterado en cuatro hechos que concurren de manera real”, atribuyéndole participación en calidad de autor.
Uno de los hechos incorporados a la causa ocurrió el 8 de julio de 2026, aproximadamente a las 6:37 de la mañana, en la Agencia de Lotería Nacional N° 64, ubicada sobre avenida Sarmiento al 2300. Según consta en las actuaciones, dos personas habrían roto el marco de aluminio y el vidrio de la puerta de ingreso para acceder al comercio y apoderarse de $23.700 que se encontraban en un cajón del mostrador.
Pero la situación se agravó considerablemente durante la madrugada del 26 de agosto.
De acuerdo con la acusación, alrededor de las 4:05, habría llegado hasta el comercio “El Pollo Dorado”, ubicado en avenida San Martín y Paso. Allí habría roto de una patada el cristal de la puerta principal, ingresado al establecimiento y sustraído una caja registradora.
Apenas cinco minutos después, aproximadamente a las 4:10, se le atribuye otro ingreso delictivo, esta vez en la panadería “Delicias del Lago”, ubicada en avenida Sarmiento y Pueyrredón. Nuevamente, según la investigación, habría roto el cristal de la puerta para ingresar al comercio y sustraer unos $10.000 en efectivo.
La secuencia no habría terminado allí.
A las 4:52 de esa misma madrugada, siempre de acuerdo con la imputación, habría ingresado al comercio “Jolen”, sobre calle 25 de Mayo, tras romper nuevamente el vidrio de la puerta de acceso principal. Del lugar habría sustraído una caja registradora que contenía una importante suma de dinero: entre $160.000 y $210.000, además de otros $50.000 destinados a cambio.
Es decir, tres comercios atacados durante una misma madrugada, en un lapso inferior a una hora, a los que se suma el hecho ocurrido anteriormente en la agencia de lotería.
La investigación no se sustenta solamente en sospechas. Entre la evidencia de cargo incorporada aparecen actas de procedimiento y un informe de análisis fílmico elaborado a partir de múltiples cámaras de seguridad públicas y privadas.
Esas imágenes, según consta en la causa, permitieron reconstruir desplazamientos a pie entre los distintos comercios y registrar a una persona vistiendo la misma indumentaria. La identificación también habría sido reforzada mediante un tatuaje distintivo observado en una de sus manos.
A este cuadro se agrega un dato particularmente relevante: el imputado registra antecedentes penales condenatorios y cuenta con una condena de ejecución condicional dictada durante 2025.
Frente a semejante escenario, la decisión del juez César Lanfranchi de permitir que el acusado continúe el proceso en libertad vuelve a provocar fuertes cuestionamientos en El Bolsón.
Y la pregunta que inevitablemente surge entre comerciantes y vecinos es sencilla: ¿qué tiene que pasar para que la reiteración delictiva sea considerada suficiente para adoptar una medida más restrictiva?
No se trata de desconocer las garantías constitucionales ni el principio de inocencia que corresponde a toda persona mientras no exista una condena firme. Tampoco de reclamar condenas anticipadas. Se trata de preguntarse cuál es la respuesta que brinda el sistema judicial cuando una persona con antecedentes condenatorios vuelve a quedar involucrada en una sucesión de hechos contra comercios de una misma localidad.
Porque detrás de cada expediente existen personas.
Hay comerciantes que llegan por la mañana y encuentran una puerta destrozada. Hay trabajadores que deben juntar vidrios antes de poder comenzar su jornada. Hay cajas registradoras arrancadas, dinero perdido, reparaciones que afrontar y familias que dependen de esos negocios para vivir.
También existe un enorme trabajo previo de policías e investigadores. Hay procedimientos, identificación de sospechosos, recopilación de cámaras, análisis de imágenes, testimonios y horas destinadas a reunir elementos que permitan llevar a los presuntos responsables ante la Justicia.
Por eso genera tanto enojo que, después de semejante despliegue, la respuesta vuelva a ser la libertad.
La resolución de Lanfranchi podrá encontrar sustento en los criterios procesales que el magistrado considere aplicables, pero eso no impide señalar el profundo divorcio que decisiones de este tipo generan entre una parte de la sociedad de El Bolsón y el funcionamiento de la Justicia.
Para quien observa un expediente desde un despacho puede tratarse de medidas procesales. Para el comerciante que al día siguiente debe pagar un vidrio, reemplazar una puerta, comprar otra caja registradora y absorber el dinero perdido, la realidad es bastante diferente.
El Bolsón viene reclamando respuestas frente a hechos de inseguridad que afectan a comerciantes y vecinos. Y cada vez que una persona es detenida, puesta a disposición judicial y poco después recupera su libertad, crece la sensación de impotencia.
La discusión no debería reducirse a reclamar mano dura ni a desconocer derechos. Debe pasar por algo mucho más elemental: determinar qué herramientas tiene el Estado para proteger a una comunidad cuando existen hechos reiterados, antecedentes y elementos de prueba suficientes para sostener una acusación.
En este caso, la calificación provisoria es contundente: robo reiterado en cuatro hechos, en concurso real y atribuidos en carácter de autor.
A pesar de ello, el imputado vuelve a estar en libertad por decisión judicial.
Y mientras los expedientes continúan su recorrido por los tribunales, en El Bolsón quedan los comerciantes reparando puertas y vidrios, contando las pérdidas y preguntándose cuánto tiempo deberá pasar hasta que las decisiones de la Justicia también contemplen, con la misma fuerza con que protegen las garantías de un imputado, la seguridad y la tranquilidad de quienes todos los días abren las puertas de sus comercios para trabajar.
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