El concejal Efraín Ranea, de Creo Río Negro, se refirió a la polémica generada alrededor del proyecto de protección de La Barda, el veto parcial dispuesto por el Ejecutivo municipal y el debate que volvió a instalarse en torno a las ocupaciones de tierras en El Bolsón. En ese contexto, sostuvo que es necesario ordenar situaciones que se arrastran desde hace décadas y, al mismo tiempo, impedir que continúe avanzando la ocupación de nuevos sectores.
Ranea explicó que la iniciativa vinculada con La Barda surgió a partir de un trabajo de la Subsecretaría de Catastro y tiene como objetivo preservar uno de los pocos sectores que todavía permanecen sin ocupar en la mitad sur de la denominada Loma del Medio. Según indicó, se trata además de un área que presenta características particulares por su altura y la pendiente del terreno, condiciones que deben ser consideradas ante cualquier posibilidad de ocupación.
“Es una reserva que salió de un trabajo de la Subsecretaría de Catastro para proteger uno de los poquitos sectores que quedan en la loma, en la mitad sur de la Loma del Medio, que todavía no está ocupado”, explicó el edil. Agregó que en La Barda “es más alta la loma y la pendiente es mayor”, por lo que una eventual ocupación de esos terrenos también podría generar riesgos vinculados con las condiciones del suelo.
La controversia surgió luego de que vecinos del sector plantearan que dentro de la delimitación existían propiedades u ocupaciones preexistentes que, según afirmaban, no habían sido contempladas correctamente. Frente a esos reclamos, el Ejecutivo municipal resolvió aplicar un veto parcial a la ordenanza y establecer una instancia de trabajo para analizar individualmente esas situaciones.
Para Ranea, el objetivo de fondo no pasa por avanzar sobre quienes ya se encuentran establecidos en el lugar. “¿La intención del Concejo es sacar a alguien que tenga ya una ocupación del territorio? Nunca jamás pasó”, afirmó. Según sostuvo, la intención es preservar las superficies que todavía permanecen libres y evitar nuevas ocupaciones en una zona que considera especialmente delicada.
El concejal señaló que, de acuerdo con el mapa que pudo observar en Catastro, las ocupaciones existentes habían sido contempladas al momento de realizar la delimitación. Sin embargo, reconoció que los vecinos plantearon que existirían casos particulares que no habrían quedado correctamente incluidos, razón por la cual se conformó una instancia para revisarlos.
Ranea también manifestó reparos respecto de la decisión del Ejecutivo de vetar parcialmente la ordenanza. Explicó que, cuando recibió el veto, consideró que hubiera sido preferible mantener la norma original y permitir que quienes se oponían utilizaran los mecanismos institucionales disponibles para cuestionarla. Desde su perspectiva, la modificación buscó acercar una respuesta a los planteos de los vecinos, aunque tampoco logró cerrar la controversia.
En medio de esa discusión surgieron versiones respecto de personas que tendrían ocupaciones de seis u ocho hectáreas dentro del sector. Consultado puntualmente sobre esa posibilidad, Ranea aclaró que no posee información que le permita confirmarlo. “A mí no me consta”, remarcó, y señaló que durante su período como concejal no recibió para su tratamiento certificados de ocupación correspondientes a superficies de esas dimensiones.
Sí recordó el caso de una antigua chacra ubicada en barrio Luján, de aproximadamente 3.000 metros cuadrados, cuya situación documental fue tratada por el Concejo debido a que se trataba de una ocupación histórica de entre 50 y 60 años. Fuera de situaciones de esas características, indicó que los terrenos que habitualmente llegan al cuerpo deliberativo presentan superficies considerablemente menores, mencionando lotes de aproximadamente 280, 300, 450 o 600 metros cuadrados, dependiendo de su ubicación.
A partir de allí, Ranea planteó que uno de los desafíos pendientes es precisamente establecer criterios claros sobre las dimensiones de los lotes sociales y diferenciar esas situaciones de aquellas en las que una persona ocupa una superficie considerablemente mayor. Para el edil, si se avanza con adjudicaciones en venta sobre extensiones que exceden ampliamente lo considerado un lote social, deberían aplicarse valores comerciales y no los mismos criterios utilizados para quienes buscan acceder a un terreno destinado a su vivienda.
“Este es un problema que lleva más de 25 años acá y hay que ordenarlo”, sostuvo. En ese sentido, consideró que poner reglas claras también implica revisar las prácticas que se generaron alrededor de las ocupaciones y evitar que los terrenos terminen convirtiéndose en objeto de operaciones económicas.
Ranea fue particularmente crítico con lo que describió como una mecánica mediante la cual una persona ocupa un terreno y posteriormente intenta transferir esa ocupación a terceros a cambio de dinero, para luego gestionar el correspondiente certificado. “Eso se tiene que parar en algún momento”, afirmó, diferenciando ese tipo de situaciones de la necesidad habitacional de las familias que buscan acceder a un espacio donde construir su vivienda.
La discusión adquiere además una dimensión política ante la proximidad del año electoral y una historia reciente de El Bolsón atravesada por numerosos conflictos relacionados con la tierra. Frente a ese escenario, Ranea sostuvo que la comunidad necesita cerrar definitivamente la etapa de nuevas ocupaciones y concentrarse en regularizar y ordenar las situaciones heredadas.
“Lo que piensan todos los bolsenses es que este tema se tiene que terminar”, expresó. Según explicó, esto no significa desconocer las necesidades habitacionales ni intentar retroceder sobre situaciones consolidadas, sino establecer un punto de corte. “Nadie quiere volver para atrás sobre las cosas que pasaron. Lo que se hizo en el pasado hay que ordenarlo y lo que hay que hacer es cortar para adelante con este proceso tan nocivo”, señaló.
El concejal sostuvo que muchas de las consecuencias de ese proceso continúan llegando al Concejo Deliberante y deben ser resueltas sesión tras sesión mediante regularizaciones, certificados y distintas herramientas administrativas. Desde esa perspectiva, consideró que el problema territorial no termina con una ocupación, sino que posteriormente requiere años de intervención del Estado para intentar ordenar cada situación.
Finalmente, ante el planteo sobre las familias que no logran acceder al mercado inmobiliario y reclaman la posibilidad de contar con un terreno para construir su vivienda, Ranea cuestionó que las ocupaciones hayan sido una respuesta adecuada a ese problema. Incluso señaló su propia situación como ejemplo y afirmó que, pese a haber nacido en El Bolsón, no posee terreno propio y nunca recurrió a una toma.
Para el edil de Creo Río Negro, las usurpaciones que atravesaron la historia reciente de la localidad no pueden analizarse exclusivamente desde la necesidad habitacional. “La mecánica de las usurpaciones en El Bolsón respondió a intereses políticos y por eso no respondieron a intereses de la ciudadanía”, concluyó Ranea, planteando así una posición que seguramente volverá a formar parte de la discusión pública a medida que avance el escenario electoral y continúe el debate sobre el acceso a la tierra en El Bolsón.
