El Consejo Ambiental cuestionó el trato recibido en el Concejo Deliberante y advirtió sobre permisos para loteos

El Consejo Ambiental de El Bolsón volvió a plantear fuertes cuestionamientos respecto de la relación institucional que mantiene con parte del Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal, luego de la participación de sus integrantes en la Banca del Vecino. Reinaldo Rodríguez, Silvia Rojas, Eliana Camaño y Ernesto Paillalef expusieron la preocupación del organismo por lo que consideran una falta de reconocimiento a su tarea y, especialmente, por una resolución vinculada al otorgamiento de visados para loteos y urbanizaciones. Al mismo tiempo, remarcaron que el Consejo continúa trabajando en diferentes proyectos ambientales, entre ellos una convocatoria audiovisual destinada a promover la separación domiciliaria de residuos.

Silvia Rojas, presidenta del Consejo Ambiental, fue especialmente crítica al describir lo ocurrido durante la presentación ante los concejales. Según relató, ni siquiera fue mencionada por su nombre o reconocida por el cargo institucional que ocupa, una situación que interpretó como parte de un trato que excedió una simple diferencia de criterios.

“Gracias por decirme el nombre, porque los concejales ninguno pudo decir mi nombre, ni siquiera tratarme por mi cargo”, señaló Rojas, quien aseguró que el tratamiento recibido fue “muy grosero en un punto y violento”. La presidenta del organismo sostuvo además que desde el Consejo están acostumbrados a lo que calificó como un “ninguneo” y un “bastardeo” por parte de algunos integrantes del cuerpo deliberativo, aunque reconoció que escuchar esas expresiones personalmente tuvo un impacto diferente.

Más allá de la controversia por las formas, desde el Consejo Ambiental remarcaron que existe una discusión de fondo que consideran mucho más importante: la Resolución 349 del Poder Ejecutivo municipal y sus implicancias sobre los procedimientos vinculados con loteos y urbanizaciones dentro del ejido de El Bolsón.

Rojas explicó que el organismo ya expresó su posición en dos oportunidades y que lo hizo, incluso, a pedido de la Subsecretaría de Ambiente. Según la interpretación del Consejo Ambiental, la resolución establece un mecanismo que podría permitir avanzar con determinadas autorizaciones ante la falta de respuestas suficientemente claras de organismos provinciales o nacionales, aplicando lo que describieron como un criterio de “silencio positivo”.

Para ejemplificar su preocupación, mencionó la disponibilidad de agua en sectores donde existen restricciones o dificultades para otorgar nuevas factibilidades. Desde el Consejo sostienen que una respuesta ambigua o la falta de una definición terminante no debería convertirse automáticamente en una habilitación para avanzar con un proyecto.

“La 349 lo que hace es saltar toda la normativa vigente”, afirmó Rojas, quien sostuvo que el mecanismo podría terminar dejando de lado instancias que consideran fundamentales para evaluar las consecuencias de nuevas urbanizaciones.

La preocupación, explicaron, no se limita exclusivamente al agua. El Consejo Ambiental entiende que cualquier crecimiento urbano debe analizarse contemplando de manera integral la disponibilidad de los recursos naturales, los estudios de impacto ambiental, el riesgo de incendios, la infraestructura existente y las características particulares de cada sector del ejido.

En ese sentido, Rojas cuestionó que mediante esta resolución el Ejecutivo municipal haya asumido facultades para otorgar o rechazar visados relacionados con loteos y urbanizaciones. A su entender, se genera un “atajo normativo” que podría evitar procedimientos establecidos previamente.

La presidenta del Consejo sostuvo además que esta situación entra en contradicción con el espíritu ambiental de la Carta Orgánica Municipal, a la que calificó como una herramienta “ejemplar” en materia de protección del ambiente. Desde esa perspectiva, reclamaron que el desarrollo urbano no avance por mecanismos administrativos que puedan reducir controles considerados esenciales.

Rodriguez también se refirió a la discusión mantenida con el Concejo Deliberante y planteó que una de las diferencias centrales pasa por la interpretación del artículo 184 de la Carta Orgánica y por el grado de autonomía que debe tener el Consejo Ambiental para establecer sus propios temas de trabajo.

Según explicó, ese artículo establece condiciones para la participación dentro del organismo y busca preservar su independencia respecto de organismos municipales, provinciales o nacionales. Para Paillalef, precisamente esa independencia es la que permite al Consejo Ambiental desarrollar una agenda propia y analizar cuestiones que eventualmente pueden generar diferencias con el Ejecutivo.

También mencionó la normativa que reglamenta el funcionamiento del organismo y sostuvo que los dictámenes elevados deberían obtener respuestas de las autoridades correspondientes dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, aseguró que uno de los principales problemas es que las presentaciones realizadas por el Consejo no reciben, a su entender, la entidad institucional que deberían tener.

Eliana Camaño coincidió con esa mirada y consideró que durante la discusión se utilizaron argumentos que buscaron reducir el planteo ambiental a una disputa política o partidaria. Para la integrante del Consejo, esa interpretación desconoce la propia composición del organismo, donde participan representantes de diferentes instituciones y sectores de la comunidad.

“El Consejo Ambiental está constituido por muchas instituciones que representamos diferentes colectivos, con diferentes ideas y vivimos en diferentes lugares”, explicó. En ese marco, remarcó que reducir las posiciones del organismo a una cuestión partidaria impide que los vecinos conozcan cuál es el verdadero debate que están intentando instalar.

Camaño destacó además el trabajo técnico y voluntario que desarrollan sus integrantes. Aseguró que existen personas con conocimientos específicos que dedican horas de manera ad honorem a estudiar expedientes, participar de mesas de trabajo y elaborar propuestas y dictámenes.

A partir de esa situación lanzó uno de los interrogantes más contundentes de la reunión: si el Ejecutivo municipal realmente pretende contar con un Consejo Ambiental activo e independiente. Según expresó, pese al trabajo realizado, muchas de las propuestas presentadas hasta ahora no habrían encontrado respuestas concretas.

Sin embargo, los integrantes del organismo aclararon que las diferencias institucionales no significan que se haya interrumpido completamente el diálogo con el Municipio. Explicaron que mantienen reuniones de trabajo con la Subsecretaría de Ambiente y que existen temas en los cuales continúan trabajando conjuntamente.

En ese punto remarcaron que el Consejo Ambiental maneja una “doble agenda”: una compartida con las autoridades municipales y otra propia, surgida de las inquietudes y prioridades que detectan sus integrantes. Esa autonomía, sostienen, forma parte precisamente de la función para la cual fue creado el organismo.

Una convocatoria audiovisual para promover el reciclado y la separación de residuos

Uno de los proyectos que actualmente concentra buena parte del trabajo es una convocatoria audiovisual destinada a generar conciencia sobre la separación de residuos domiciliarios. La propuesta permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre y contempla la participación de escuelas primarias, establecimientos secundarios, vecinos en general y también juntas vecinales.

Reinaldo Rodríguez explicó que la iniciativa busca generar materiales que posteriormente puedan formar parte de una campaña de concientización durante el próximo año. La intención es que sean los propios vecinos, estudiantes e instituciones quienes produzcan mensajes relacionados con el reciclaje y la separación de residuos.

No es necesario contar con conocimientos profesionales de producción audiovisual. Un vecino puede, por ejemplo, grabar desde su propia casa cómo realiza correctamente la separación de los residuos o mostrar prácticas que deberían evitarse. Para los más chicos también existe la posibilidad de desarrollar producciones gráficas.

El objetivo central es instalar una práctica cotidiana sencilla pero fundamental: separar correctamente los residuos desde el hogar.

Desde el Consejo explicaron que una mala separación no solamente dificulta el reciclado, sino que puede poner en riesgo a los trabajadores que posteriormente deben manipular las bolsas en la planta. Entre los residuos domiciliarios pueden aparecer elementos peligrosos como jeringas, hojas de afeitar u objetos cortantes capaces de provocar lesiones graves.

También insistieron en evitar que materiales potencialmente reciclables, como el cartón, lleguen contaminados con yerba u otros residuos orgánicos, porque en esas condiciones muchas veces dejan de ser aprovechables y complican el trabajo de quienes realizan la clasificación.

La propuesta apunta entonces a comprender que la gestión de residuos comienza mucho antes de que pase el camión recolector. Empieza dentro de cada vivienda, con recipientes diferenciados y con la decisión de cada familia de separar correctamente aquello que descarta.

A esta tarea se suma la promoción del compostaje domiciliario. El Consejo Ambiental ya realizó capacitaciones destinadas a las juntas vecinales y destacó que los residuos orgánicos pueden transformarse en compost, disminuyendo significativamente el volumen de basura que termina ingresando al sistema municipal.

De esta manera, mientras continúa una discusión institucional que por momentos alcanza elevados niveles de tensión, el Consejo Ambiental de El Bolsón busca sostener su agenda de trabajo y reivindicar su independencia. Sus integrantes reclaman ser escuchados y que sus dictámenes tengan respuestas, especialmente cuando se discuten decisiones vinculadas al crecimiento urbano, el agua, los incendios y los impactos ambientales.

Pero paralelamente buscan llevar esa discusión ambiental a una escala mucho más cotidiana: la casa de cada vecino. Separar los residuos, compostar, reciclar y cuidar a quienes trabajan diariamente con los desechos son pequeñas acciones que, multiplicadas en toda la comunidad, pueden producir cambios importantes.

Para Rojas, Rodríguez, Camaño y Paillalef, ambos escenarios están relacionados. Por un lado, reclaman que las grandes decisiones sobre el territorio respeten las normas ambientales y los mecanismos de participación establecidos; por el otro, convocan a cada vecino a asumir su propia responsabilidad. En definitiva, sostienen que cuidar El Bolsón requiere tanto políticas públicas y controles adecuados como una comunidad involucrada activamente en la protección del ambiente.