Van Ditmar sobreseído.

El juez penal de Viedma, Fabio Igoldi,  procesó a 3 ex funcionarios por los delitos de "fraude a la administración pública por administración fraudulenta agravada en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público", dicto la falta de merito a los empresarios imputados –Alfredo Federico Bertger, Tomas Bergter, Federico Pio Van Ditmar, Damian Miguel Mindlin, Marcos Marcelo Mindlin, y Ana Maria Trianes– les dictó la falta de mérito por no verificarse una conducta defraudatoria. Esto significa que la investigación sobre ellos debe continuar. Además ordenó investigaciones paralelas en relación a Joe Lewis, Nicolás Van Ditmar, empresarios y Fiscalía de Estado e instó a los funcionarios actuales de este organismo de control que inicien un proceso de recupero de las tierras.

Igoldi pidió al fiscal de grado que investigue las conductas de los funcionarios de la Fiscalía de Estado de la provincia que intervinieron en los trámites por los que fueran procesados los funcionarios públicos; así como la probable irregularidad en la tramitación de otras adjudicaciones y ventas de tierras fiscales fuera del marco legal.

También solicitó que investigue la probable comisión de delitos de evasión fiscal ante la posible adquisición ficticia de bienes por parte de Marcos y Damián Mindlin, quienes en realidad lo habrían hecho para Joseph Lewis con la intervención necesaria de Nicolás Van Ditmar.

El juez consideró que los tres exfuncionarios "violaron en los casos que cada uno de ellos intervino el deber de confianza y cuidado para con la cosa ajena. Sin dudas con el objeto de beneficiar a terceros adquirentes de los predios en perjuicio del erario provincial".

Respecto de los particulares interpretó que fueron adquirentes en apariencia, beneficiarios de la adjudicación en venta por exiguos montos respecto del valor real de las tierras y que rápidamente las habrían enajenado a favor de terceras personas.

En cuanto a la calidad normativamente exigida a los adjudicatarios en venta Igoldi puntualizó que "se habría simulado mediante la interposición de terceras personas para obtener el título de propiedad de los inmuebles por parte del Estado provincial y luego insertarlos en el mercado inmobiliario, contraviniendo la función social y productiva que se procura con su adjudicación y provocando un perjuicio patrimonial al erario público provincial."

Opinó que "por mas despreciable fin lucrativo que pudieran tener algunos de los particulares imputados sobre esas tierras fiscales no se puede tener como delictuales sus conductas. Claramente existió un aprovechamiento de parte de los indagados ante la infiel administración de los bienes por parte de los funcionarios provinciales".

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