¿Qué hizo la diferencia? Fundamentalmente la estandarización
de la recepción de denuncias. En otras palabras, la especialización. Bottini
nos contaba como diferenciar los hechos de violencia familiar de otros delitos
es indispensable para llevar adelante una investigación penal y para alcanzar
algún tipo de respuesta apropiada.
Evaluar niveles de riesgo, expectativas de la víctima y
disposición a participar del proceso penal, administración de medidas de
protección y mejora en la calidad de la investigación, son los objetivos que
rigen el protocolo.
¿Qué es violencia familiar o doméstica? A los fines de la
aplicación del protocolo, lo es
toda conducta, acción u omisión, tipificada por el Código
Penal, de un miembro del grupo familiar contra otro integrante del mismo grupo
que afecte la dignidad, integridad física, psíquica, sexual y/o la libertad,
independientemente del espacio físico donde está ocurra.
Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco
sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y
las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no
siendo requisito la convivencia.
La gran mayoría de las situaciones de violencia familiar que
ingresan al sistema penal tienen como damnificada a la mujer, aunque no siempre
es así. La investigación con perspectiva de género implica:
• No hacer acuerdos ni propiciar medidas conciliatorias
• No propiciar ni implementar entrevistas conjuntas entre
víctima y agresor/ra.
• No enviar citación al agresor/ra con la Víctima.
• No recomendar terapias a realizar en forma conjunta por
víctima y agresor/ra.
Denunciar implica romper con el circuito
Por su parte la Lic. en Trabajo Social, Margarita Rodgers,
resalta que por diferentes motivos, las denuncias de violencia familiar en
ocasiones resultaban archivadas. Lo descripto, en un contexto de maltrato
familiar crónico, generaba el empoderamiento del autor. La situación se
modificó. “El impulso que dio el protocolo hace que hoy las causas avancen en
el proceso penal. Hay conciencia de la gravedad de la problemática y se está
avanzando en la comprensión del fenómeno.”
La profesional del SAVD explica que denunciar implica romper
con el circuito, pedir ayuda a un actor externo. Debe darse un tratamiento
especializado a su caso, y ese tratamiento no puede ser la conciliación, lo que
está expresamente desalentado por la instrucción dada por Procuración.
No es un delito como otros, no es un hecho aislado,
intervienen condicionamientos psicosociales que impiden que la persona pueda
posicionarse del modo que se espera de ella.
Se procura que luego de la denuncia la mujer pueda sentirse
resguardada a través de medidas de protección, brindándole la asistencia de un
equipo que la está acompañando, orientando, asesorando, y que fueron derivadas
sus necesidades o requerimientos de atención a otros equipos de trabajo;
que lo que ocurrió desde ese ámbito de lo doméstico y lo privado, trasvasó las
fronteras del hogar. Debe conocer que se está trabajando para la sanción de la
conducta.
Es importante lo que sucede en la audiencia con la víctima
presente, participando del proceso, escuchando su causa en voz del fiscal.
Implica un salto cualitativo realmente importante en la atención, ya que se
están garantizando sus derechos, se siente representada. Nadie debe ser
sometido a actos de maltrato y ninguna institución puede dejar de oír y
atender estas situaciones.
En este tipo de situaciones circula mucho dolor. La
intervención no termina allí. Lo penal no es la solución de estas temáticas ya
que se trabaja sobre los sujetos y no sobre la relación, pero es importante que
cada operador cumpla con su parte, para que la mujer se sienta respaldada en
sus derechos, pueda salir adelante y comprender que es posible otra forma de
relación.
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