El ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, recibió ayer en su despacho al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Raúl Ruidíaz, con quien acordó la continuidad del relevamiento de comunidades indígenas establecido en la Ley 26.160.El funcionario nacional también participó de una reunión de trabajo con la titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI), Doris Cañumil, vocales y autoridades de ese ámbito donde está representado el Parlamento Mapuche, y el secretario de Gobierno, Félix San Martín.
Al respecto, Ruidíaz manifestó: “Coordinamos los pasos a seguir con el tema del relevamiento de tierras indígenas, la Ley 26160; tenemos un convenio firmado con la provincia que estuvo en suspenso por un tiempo y ahora queremos relanzarlo a partir del 15 de octubre en territorio”.
“Estamos acordando con el Gobierno y el CODECI la forma en que vamos a llevar a cabo esto”, expresó el titular del INAI especificando que “se había hecho una primera parte, no puedo decir si se llegó al 50% porque hay algunas carpetas de ese periodo que todavía no están terminadas y hay que reverlas a pedido de las comunidades”.
Al consultársele si se piensa en una nueva prórroga de la ley, ya que las tareas deberían finalizarse en todo el país antes de diciembre de 2017, Ruidíaz explicó que “hay que cumplir con todos los relevamientos territoriales, tenemos provincias muy grandes en cuanto a la cantidad de comunidades, como Jujuy y Salta, con lo cual ya estamos presentando un proyecto de ley donde pedimos la prórroga a diciembre del 2021”.
Con la vigencia de esta norma se suspende todo proceso de desalojo hasta tanto se definan los relevamientos, de manera “que es fundamental contar con esa prórroga en beneficio de todas las comunidades del país”, aseguró.
Respecto a la política del INAI, en relación a la gestión del Gobierno anterior, explicó que “hay un cambio fundamental, ya no dependemos del Ministerio de Desarrollo Social, porque no queremos limitarnos solamente al asistencialismo, eso es sólo una parte, el trabajo con las comunidades debe comprender también temas como vivienda, salud y educación, entre otros.
es un cambio de paradigma, por eso el presidente Mauricio Macri decidió que el Instituto dependa de la Secretaría de Derechos Humanos, que es parte del Ministerio de Justicia de la Nación”.
Por su parte, el secretario Félix San Martín destacó que “se ha puesto de manifiesto la voluntad política de dar continuidad al proyecto que venía en marcha, con la intencionalidad que participen todas las partes y en función de eso tuvimos una reunión de trabajo con el CODECI”.
La Ley 26.160 fue sancionada durante el gobierno nacional anterior, por iniciativa de la entonces senadora Alicia Kirchner, y declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas.
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