El fiscal Carlos Díaz Mayer se mostró ayer “sorprendido y preocupado por la decisión del Superior Tribunal de Justicia declarando nulo el debate en el que resultó condenado un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de dieciocho años y por resultar el acusado encargado de la guarda de la menor”.
En tal sentido, agregó que “nos obliga a incumplir tratados internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. Desde su óptica, “rehacer el juicio solo por un formalismo es revictimizar a una joven que vivió la niñez sometida a abusos aberrantes”.
Cabe recordar que tras la condena del pastor evangélico Samuel Figueroa, por los hechos ocurridos en El Maitén, “no hubo recurso presentado por el Ministerio Publico Fiscal, ni tampoco por la defensa, ya que el condenado aceptó que la sentencia quedara firme”, recordaron.
En tanto, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chubut (conformado por los ministros Mario Vivas, Alejandro Panizzi y el subrogante legal Alejandro Defranco), “intervino en consulta por tratarse de una pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y declaró nulo el debate por considerar al aislamiento social obligatorio vinculado a la pandemia, a las inclemencias climáticas de la jurisdicción y a la falta de internet en la zona, insuficiente fundamento para la demora prolongada en la producción del debate por la pena”, según Díaz Mayer.
Además anticipó que hablará con la víctima “para explicarle las implicancias de esta resolución y definir -de acuerdo a su voluntad-, cuáles serán los pasos a seguir por el Ministerio Público Fiscal”. En coincidencia, Díaz Mayer está preocupado “por el efecto de victimización secundaria que significa para la joven atravesar por segunda vez del debate, con todo lo que este implica”. 
“La víctima declaró en el juicio ante el tribunal, contando en detalle todo lo padecido, ahora el STJ dice que esa declaración es nula y tiene que repetirse. Esto va en contra de todas las normas que protegen los derechos de las víctimas”, aseveró.











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