Al respecto, Esteban Mancuso, coordinador de Asuntos
Laborales de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) celebró que se “esté
trabajando en un tema endémico como lo es el problema del empleo no registrado.
La imprevisibilidad del marco legal implica el cierre de una persiana y una
pyme”. “Creemos conveniente que las multas sean destinadas al sistema único de
la seguridad social evitando un problema futuro cuando el trabajador quiera
recibir un beneficio jubilatorio en materia de solidaridad y financiamiento y
hay que incentivar acuerdos conciliatorios”, propuso.
Juan Ángel Ciolli, representante Central de Entidades
Empresarias Nacionales (CEEN), advirtió que “Es un tema que tenemos que abordar
en conjunto con los trabajadores porque afecta a pymes y a la organización de
trabajadores. Más del 80% de los establecimientos tienen entre 0 y 9
trabajadores, un juicio puede provocar el cierre de una empresa”, alertó.
“Planteamos y presentamos el informe 931 y el libro digital de sueldos que son
herramientas muy importantes y deberían ser públicas. Puede ser un elemento fundamental
para evitar los juicios”.
Por último, Ciolli propuso una instancia intermedia en un
observatorio tripartito donde participen cámaras, sindicatos y Estado, a través
del ministerio de Trabajo “para tener una orientación clara de que se tratan
este tipo de juicios y una diferenciación entre las micro y macro empresas ya
que las “pymes generamos más del 70% de la mano de obra”.
Juan Pablo Diab, asesor del Departamento de Legales de la
CAME, explicó lo “grave de la problemática de la litigiosidad laboral. El 95%
de los juicios laborales están referenciados en
tres leyes de empleo y no hay reclamo laboral que no conlleve estas
normas que la historia ha demostrado que no funcionó. Para empresas es un
incordio en gastos judiciales”, aseveró.
Asimismo, sugirió una instancia intermedia entre el tiempo de reclamo y
el plazo de la ley.
Para “contextualizar”, Leonardo Ezequiel Bilansky,
presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo
Argentino (ENAC), manifestó que “las empresas tuvieron buenas ventas en todos
los trimestres, tanto del comercio como servicios en 2022”. “Tenemos que dar
discusiones multidimensionales porque lo unilateral no lleva a nada, hay
demandas diferentes y hay que dar discusión sobre la simplificación laboral”.
El 76.4% de las empresas empleadoras no afronta reclamos
laborales, un 23.5% tiene uno o más casos. 1 de cada 10 empresas tiene
episodios laborales significativos, aportó como dato el empresario y manifestó
que “casi la mitad de las pymes indican que la coyuntura económica es la
principal causa de conflictos, le sigue legislación laboral con el 40%, luego
abogados y jueces con 30.7% y sindicatos con 29.5%”, detalló.
Por su parte, William Borgo, presidente de la Asociación de
Citricultores de Chajarí, Entre Ríos,
“hemos visto productores abandonar su producción por no poder solventar
juicios laborales. La solución está en la política, no es lo mismo una pequeña
que una gran empresa tiene que haber una normas distintas para ser viables y
potables”. “Los costos de registración se tienen que solventar todos los meses
y es una contradicción a la realidad del país que tenemos. Tienen que estar
todas las partes para encontrar una solución de fondo. Los jóvenes queremos
trabajar y generar trabajo”, aseguró.
Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y
Medianos Empresarios (APYME), consideró que ““Tiene que quedar claro que los
derechos de los trabajadores no tienen nada que ver con los problemas de las
pymes. En los casos de crisis las multas deberían reducirse para que no sea un
juicio laboral lo que destruya una unidad productiva”.
Asimismo, Jorge Gómez, presidente de la Federación Económica
de Corrientes, advirtió que "no es lo mismo ser pyme en Buenos Aires que
ser pyme en el norte, una región olvidada y poco federalizada, si se puede
decir. Tenemos que tratar a todos con la misma vara".
Marcelo Peretta, secretario General del Sindicato Argentino
de Farmacéuticos y Bioquímicos, se mostró a favor de “segmentar nuestros
convenios colectivos de trabajo y negociar pisos salariales para la realidad de
las distintas pymes que son diferentes en las regiones y a las grandes
empresas”. “la litigiosidad es alta en
el país. La solución es sentar ambas partes y encontrar una solución y en los
convenios colectivos de trabajo que hay que modernizar”, fundamentó.
Además participaron, Pedro Etcheberry, miembro del Consejo
Directivo de la Cámara Argentina de Comercio; Julián Jajurin, jefe del
Departamento de Legales de la CAME; Diego Guerri, presidente de Metalúrgica JMD
SA; Mariano Cáceres, vicepresidente y CEO de Calarca S.A. Industria Química; el
diputado Eduardo Fernández, vicepresidente 1º de APYME; David Selser,
Confederación General de la Producción.
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