La actividad de dos canteras ubicadas en El Foyel, a pocos metros de la ruta nacional 40, encendió la alarma entre vecinos de la zona y generó repercusión en la Legislatura de Río Negro. Diversas voces coinciden en que los emprendimientos estarían operando sin habilitación y en tierras fiscales cedidas a un permisionario, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad y su impacto ambiental.
La Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable (Fadhs) de Bariloche realizó pedidos de informes a la Secretaría de Ambiente provincial, pero los plazos vencieron sin obtener respuesta. La organización advirtió que las canteras funcionan “en plena zona de bosque nativo” y que no existe registro de autorizaciones de desmonte, requisito indispensable en estos casos.
Según constataron vecinos, el árido extraído tendría como destino la construcción en Bariloche —ciudad que enfrenta un fuerte déficit de materiales— y también se detectaron transportes rumbo a El Bolsón. Legisladores de la oposición, entre ellos Magdalena Odarda, insistieron en obtener explicaciones, aunque hasta ahora solo recibieron respuestas parciales por parte del área de Minería, que reconoció que una de las canteras tiene un trámite de habilitación iniciado pero sin concesión otorgada. La otra, aseguran, sería directamente clandestina.
Las explotaciones están a cargo de Víctor Puchy, cuya familia posee un permiso de ocupación sobre esas tierras fiscales y un trámite abierto para obtener los títulos. El lugar es además escenario de un viejo conflicto por el camino Tacuifí, acceso directo a Lago Escondido, cuya apertura al tránsito público es objeto de un extenso litigio judicial.
Vecinos organizados y un grupo de jubilados documentaron con drones la extracción de áridos y reclamaron la clausura de las canteras, sin obtener respuestas de las autoridades. Este medio intentó comunicarse con la Secretaría de Minería y con la de Ambiente y Cambio Climático, a cargo de Joaquín Aberastain y Judith Jiménez respectivamente, pero no hubo contestación, detallo diario Rio Negro.
Para la Fadhs, se trata de una situación grave que vulnera los procedimientos legales y ambientales. “Estos proyectos deberían contar con estudios de impacto ambiental y con instancias de participación ciudadana, que nunca se llevaron adelante”, advirtió Tomás Guevara, referente de la organización.
Mientras tanto, en El Foyel crece la preocupación por el daño que estas explotaciones podrían estar provocando en el bosque nativo y en la cordillera, en un contexto donde los pedidos de control e inspección oficial siguen sin respuesta.
Fuente Diario Rio Negro
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