La Justicia de Río Negro imputó a dos mujeres acusadas de montar una maniobra para defraudar al Ipross mediante la presentación de documentos falsos por supuestas prestaciones de enfermería y cuidados domiciliarios que, según la fiscalía, jamás se realizaron.
El caso salió a la luz tras una denuncia interna de la obra social provincial, que detectó inconsistencias en los reintegros gestionados en la delegación de El Bolsón.
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Francisco Arrien durante la audiencia de formulación de cargos, las acusadas presentaron 16 facturas con sus respectivas planillas de asistencia entre noviembre de 2022 y febrero de 2024.
Los documentos correspondían a supuestos servicios de enfermería y asistencia domiciliaria para una menor, tareas que, según la investigación, nunca fueron brindadas.
El perjuicio económico para la obra social provincial asciende a 3.420.000 pesos, en valores históricos.
Quiénes son las imputadas
La imputación recayó sobre Gabriela Molina, afiliada al Ipross con domicilio actual en Viedma, y Joanna Peralta, quien al momento de los hechos trabajaba como enfermera “full time” en el hospital de Catriel y posteriormente se mudó a Mendoza.
Para el fiscal, la carga horaria que Peralta cumplía en el hospital hacía “materialmente imposible” que realizara las tareas de cuidados domiciliarios que luego facturó.
La acusación fiscal y las pruebas incorporadas
Arrien sostuvo que ambas mujeres actuaron “en acuerdo previo de voluntades” y que simularon prestaciones inexistentes para obtener reintegros indebidos.
Las imputó como coautoras de los delitos de defraudación a la administración pública en concurso ideal con falsificación de documentos.
Entre las pruebas, el fiscal mencionó:
La denuncia elevada por la presidencia del Ipross.
Las constancias laborales enviadas por el hospital de Catriel.
Los 16 reportes con facturas sucesivas.
Un informe contable de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, que analizó la cobertura de rehabilitación cuestionada.
La defensa pidió el sobreseimiento, pero el juez avanzó
La defensora oficial, Natalia Araya, buscó frenar el caso al impugnar una resolución previa, alegando que el plazo de investigación había vencido en mayo. Su planteo apuntaba a obtener el sobreseimiento de sus representadas.
Sin embargo, el juez de garantías Ricardo Calcagno rechazó el pedido, aceptó la formulación de cargos y otorgó un nuevo plazo de investigación, que se extenderá hasta el 17 de abril próximo. Ministerio Publico Fiscal.
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