El Gobierno eliminó pagos a empresas por pasajes gratuitos para personas con discapacidad

            La resolución aclara que las personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos seguirán viajando gratis.
La medida deroga un esquema de compensaciones que funcionaba desde 2018 y que permitía al Estado cubrir parte del costo de los boletos que las transportistas deben otorgar sin cargo, por ley, a personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer.
El Gobierno nacional eliminó el Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia mediante la resolución 28 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial. El régimen derogado era el mecanismo por el cual el Estado subsidiaba parte del costo de los pasajes que las empresas están obligadas a emitir de forma gratuita para titulares de Certificado Único de Discapacidad (CUD), personas con credencial del INCUCAI y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Según la normativa oficial, las condiciones que justificaban el esquema de compensaciones "han sido superadas", en referencia al contexto de fuerte intervención estatal sobre las tarifas que motivó su creación. A partir de ahora, las empresas deberán absorber la totalidad del costo del beneficio sin recibir resarcimiento del Estado. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento.

La Secretaría de Transporte aclaró expresamente que la medida no afecta el derecho a la gratuidad consagrado en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, y que los transportistas continúan obligados a emitir los pasajes sin cargo a quienes corresponda. Sin embargo, la distancia entre el texto de la resolución y la realidad en las terminales es notoria.  Advierten que varias empresas comenzaron a restringir los cupos disponibles ante la falta de compensación estatal.

La gestión de Javier Milei profundiza así su política de desregulación del transporte, trasladando el costo financiero de las obligaciones sociales directamente a los operadores privados. Para miles de personas que dependen del beneficio para acceder a tratamientos médicos, controles o traslados interjurisdiccionales, la pregunta que queda abierta es si las empresas honrarán esa obligación sin el incentivo económico que la acompañaba. (ANB)











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