La investigación está a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer y arrancó cuando un vecino del pueblo ferroviario denunció que “recibió una solicitud de amistad de una joven por la red social Facebook. Aceptó y a partir de ese momento iniciaron un intercambio de mensajes, llegando a enviarse fotos íntimas”.
La fiscalía de la Comarca Andina realizó importantes avances en la investigación de un caso de sextorsión. Con colaboración de la PSA, policía de seguridad aeroportuaria, se llevaron a cabo allanamientos en Mendoza. En coincidencia, en una celda del complejo Penitenciario N° 01 se secuestraron evidencias que pueden vincularse a una operatoria similar con varias víctimas.
Luego de ello, el denunciante “recibió mensajes en su teléfono desde un usuario de Whatsapp no agendado, de alguien que se identificaba como el padre de ‘Nancy’, donde decía que su hija era menor de edad y que iba a denunciarlo penalmente. Para evitar la denuncia le exigió el pago de $150 mil a un CBU de Mercado Pago a nombre de un tercero”.
En concreto, “la víctima transfirió $100 mil. Días después recibió más mensajes, desde otro abonado. El supuesto padre le mandó imágenes de una supuesta denuncia exigiendo más dinero para que no la presente a la justicia. Para realizar la transferencia le suministró otro CBU. En total, la víctima transfirió $210.000”.
Fue así que el personal del equipo de PSA asignado a la investigación “analizó el tráfico de llamadas y de comportamiento crediticio, arribando a la identificación de dos domicilios ubicados en la provincia de Mendoza: una vivienda particular en el barrio de Sarmiento, y otro ubicado en el complejo Penitenciario N° 01”, graficaron.
Avanzando, el 21 de diciembre, con orden judicial, se realizaron los allanamientos. En la vivienda se secuestraron tres celulares y tres computadoras portátiles. En una celda del complejo penitenciario, se secuestró un cuaderno con anotaciones varias, donde se detallaban nombres y apellidos, DNI; datos bancarios y sumas de dinero. También se secuestraron siete teléfonos celulares, una memoria extraíble de 64 GB, y 41 chips de compañías de telefonía celular varias.
Para la realización de los operativos, la PSA contó con la colaboración de personal de la UOCN Y DC del Centro, por orden del Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción judicial de la provincia de Mendoza, a cargo de Marcela Villalba, tras el exhorto librado por la Oficina Judicial de Esquel. Por su parte, el Ministerio Publico Fiscal de la provincia del Chubut trabajo de manera coordinada con la Policía de Investigaciones (PDI), División Delitos Económicos de la provincia de Mendoza.
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