La nueva legislación restringe el acceso a las acciones de amparo colectivo e individuales de forma gratuita. También se aprobó el nuevo Código Administrativo y el Civil y Comercial.
La Legislatura de Río Negro aprobó en segunda vuelta de las sesiones extraordinarias, tres nuevos Codigos Procesales: Constitucional, Administrativo y Civil y Comercial. El primero consta de una serie de regulaciones elaboradas por el Superior Tribunal de Justicia, acompañadas principalmente por el oficialismo, que generó preocupación en diversos sectores ambientalistas, partidos políticos de izquierda, gremios y pueblos originarios, ya que restringe el acceso a la gratuidad de los amparos colectivos e individuales. Si el amparo es desestimado por la Justicia, los ciudadanos deberán afrontar las costas del juicio, como el pago de haberes de los defensores públicos.
Previamente a la aprobación del polémico Código Procesal Constitucional, las organizaciones presentaron una serie de solicitudes ante el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, en la que exigieron la suspensión de la sesión y un llamado a consulta popular, ya que los cambios que implicaba el proyecto eran considerados inconstitucionales, restrictivos e intimidatorios. Sin embargo, la mayoría de los legisladores dieron luz verde a los nuevos códigos el pasado miércoles 18.
Otro de los sectores que se opuso al nuevo Código Procesal Constitucional fueron los jubilados. La Coordinadora de Jubilados de Rio Negro (CORJUB) presentó un amparo ante la justicia provincial y denunció la inminente aprobación de una norma provincial que limita gravemente el derecho de amparo. Señalaron que el proyecto pone en peligro uno de los recursos más eficaces que protege a los ciudadanos de los abusos de los poderes institucionales.
“Los nuevos códigos otorgan seguridad jurídica, previsibilidad y certeza, además de proteger a los ciudadanos de prácticas políticas que podrían generar falsas expectativas” dijo Lucas Pica, legislador de Juntos Somos Río Negro.
Por otra parte, el parlamento aprobó la creación del nuevo Código Procesal Administrativo, que establece las competencias procesales, los presupuestos de habilitación de la instancia judicial, las tutelas cautelares, las etapas introductorias, audiencias preliminares, pruebas, sentencias y ejecuciones fiscales.
El otro proyecto aprobado fue el Código Procesal Civil y Comercial, que contó con modificaciones introducidas en la primera vuelta, observaciones de diversos actores, incluidos los Colegios de Abogados y la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos). (ANB)
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