“Se puede presumir que no ha tenido nada que ver” el único imputado. Lo aseguró ayer el fiscal Oscar Oro en relación a la investigación sobre el hijo del dirigente mapuche de Puerto Patriada, donde se desató el fuego en enero pasado y que arrasó con 5 mil hectáreas de bosques nativos e implantados.
Se trata del mismo joven, de 20 años, a quién otros pobladores trataron de linchar mientras desarrollaban una asamblea y que tuvo que huir al monte tras los incidentes denunciados por la Coordinadora Mapuche Tehuelche “Trauwleiñ To Kom”.
Ya al presentarse la acusación formal por parte de la fiscalía chubutense, su abogado defensor, Omar López, negó rotundamente los cargos y enfatizó que “no existen indicios objetivos” que vinculen a su representado. En correspondencia, había pedido que “se evite estigmatizar al joven, ya que no hay pruebas claras en su contra”. Igualmente cuestionó la presentación por considerar que “no cumple con los requisitos legales”.
En rueda de prensa, el fiscal Oro resaltó ayer que “en realidad, no tenemos a quien hacer un reproche sobre la causa, ya que no ha dado ningún fruto, ninguna pista concreta indicando a una persona en particular. Nada que realmente pueda ser satisfactorio para lo que se pueda esperar” de la investigación que ya lleva tres meses.
En relación a las razones para indagar al imputado, quien vive en Puerto patriada y trabaja en El Bolsón, recordó que “se le prestó particularmente atención porque así fue indicado por los vecinos y porque había que constatar algunos elementos. Se hicieron todas las medidas de prueba que estaban a nuestro alcance -dentro de las posibilidades técnicas con que contamos-, hasta que han desaparecido las sospechas, a la vez que se pudieron probar los descargos presentados por su abogado defensor que, en cierta forma, lo están colocando en otra circunstancia y se puede presumir que no ha tenido nada que ver con el tema”.
A poco de los hechos, la policía rionegrina secuestró en una casa del barrio Usina un par de zapatillas y el auto Renault 12 blanco (en que se movilizaba el imputado), sobre los que se hicieron varios peritajes, aunque sin resultados concretos.
Casi lo linchan
Acerca de los hechos de violencia registrados en Puerto Patriada, cuando los mismos pobladores trataron de linchar al sospechoso, el fiscal detalló que se trata “de otro caso que, en forma paralela, se está indagando. Es consecuencia del mismo incendio y el 21 de enero hubo una manifestación que involucró a bastante gente, con excesos que se están investigando. Dispuse que se hiciera un trabajo de mediación entre las partes, procurando hallar un canal de dialogo para que entre los vecinos pudieran establecer un pacto de convivencia y de respeto mutuo. Sin embargo, la profesional designada encontró cierta resistencia, por lo tanto avanzamos en tratar de dilucidar los hechos”.
Herramientas
En referencia a las herramientas con que cuenta la justicia para el esclarecimiento del origen del fuego, el fiscal indicó que “la investigación de este tipo de hechos es difícil en todo el mundo. Acá también hemos ido avanzando cada vez con mayor capacitación; desde el Ministerio Público Fiscal se ha ido incorporando tecnología para la investigación, que nos ha sido muy útil y nos ha dado muy buenos resultados”.
Defensa
El único sospechoso “tiene una asistencia de la Defensa Pública, integrada por los abogados Omar López y Bruno Deias, quienes se han interiorizado al respecto y saben cuales son las diligencias que se han estado llevando a cabo. No obstante, no ha habido un pedido concreto” para desafectar a su cliente del expediente.
De todas maneras, aún “están corriendo los seis meses acordados por los tribunales para encontrar elementos vinculados a la imputación”.
Difícil
En respuesta al requerimiento de saber porqué es tan difícil probar la culpabilidad del autor de un incendio forestal, el funcionario antepuso otros condicionantes como “la geografía, la vegetación, la escasez de gente dando vueltas por el lugar, que pueda hacer aportes concretos, la ausencia de cámaras de seguridad, que son factores que influyen y obviamente –después de desatado el incendio-, se genera mucho fuego que arrasa con todo y se nos hace muy difícil encontrar pruebas”.
Catastrófico
Según subrayó el fiscal Oscar Oro al momento de imputar al joven, “a sabiendas de las condiciones climáticas reinantes, habría iniciado focos ígneos en sectores cercanos al camino vecinal que conduce al paraje conocido como Puerto Patriada, entre el arenal y el asentamiento de la comunidad Pulgar, de la localidad de El Hoyo, en tres oportunidades entre el 26 y el 28 de diciembre de 2011, y otra el 3 de enero de este año”, cuando se desató el incendio de magnitud.
Recordó entre los daños que “los dos últimos incendios producidos en inmediaciones al sendero que conduce a la laguna Los Alerces del cerro Cordón Derrumbe, donde su propagación no pudo ser controlada en tiempo y forma por las brigadas y bomberos voluntarios que se abocaron a la tarea, generaron la quema de pastos secos, mosqueta, vegetación baja, media y alta de bosque nativo, aproximadamente siete casas de familias del lugar, entre otros bienes aún no determinados”.
Sumó “el corte del suministro eléctrico en la localidad de El Hoyo, parte de la localidad de El Bolsón y la interrupción del tránsito vehicular sobre la ruta nacional 40” y que su extensión “afectó los parajes de Puerto Patriada, El Desemboque, Rincón de Lobos, El Pedregoso, los cerros Derrumbe, Currumahuida y Pirque, en un área aproximada de 4 mil hectáreas”.
Asimismo, este siniestro que duró varios días “demandó la convocatoria de brigadas de incendios de varias provincias y una del vecino país de Chile, además de una intensa actividad de vehículos y aviones hidrantes. Tiempo después la actividad de algunos focos calientes generó nuevos focos ígneos activos que requirieron el accionar de bomberos, brigadas y aviones hidrantes”
Tras la presentación del hecho, el fiscal Oscar Oro solicitó al juez que autorice la realización de una pericia psicológica al sospechoso, mientras que el defensor se opuso indicando que en este caso, en que según su parecer no hay prueba que incrimine claramente al imputado, “no pude permitirse que se pretenda fortalecer una hipótesis a través de características psicológicas del imputado”.
En consecuencia, el juez Javier Allende explicó en su resolución que “tratándose de un tipo de prueba que por sus características requiere de la colaboración voluntaria del imputado, es imposible imponer su realización”.
En tanto, está corriendo el plazo de seis meses para recabar prueba y decidir qué curso tomará la causa.
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