En su escrito, los diputados provinciales sostuvieron: “A partir de este innovador fallo, que sin lugar a dudas no podemos considerar sino como verdaderamente insólito, cada presunto damnificado de la estafa privada perpetrada por la firma House Vial, queda judicialmente amparado para continuar cometiendo el delito de usurpación que se viene investigando”. Además, agregaron que “el fallo constituye una clara intentona que no busca sino alentar a la comisión de similares delitos en distintos puntos de nuestra provincia, en donde también existen familias que alegan ser estafados por los responsables de la Firma House Vial”.
Dado que lo consideraron un grave atentado a la paz social, afirmaron: “Con esta ridícula resolución los camaristas han premiado a los presuntos usurpadores en un claro detrimento de los derechos del resto de los damnificados que ‘inocentemente’ creyeron en la ‘sabia’ decisión de los jueces. De alguna manera, los otros presuntos perjudicados, fueron nuevamente estafados por la Justicia en quien, como corresponde, depositaron su confianza. Hoy, con justo sentido común, se estarán lamentando el no haber sido ellos quienes violentaran las vallas y las puertas, burlaran el cerco policial e ingresaran primeramente a las viviendas, sabiendo que luego serían resguardados por decisiones judiciales que recompensan a los que cometen un delito”.
Finalmente, concluyeron: “Cabe advertir, cual sostuvimos también públicamente, el empleo del termino “llamativo” no alude sino a la posibilidad concreta de que en función de la orientación política de algunos de los elementos que vienen cometiendo el delito de usurpación, como de los abogados que los representan, junto al absurdo e irracional andamiaje sobre el que se asienta el fallo, debamos dar mérito a un posible intento de “desestabilización institucional”.
La semana pasada, los legisladores habían criticado duramente el fallo de la Cámara que revocó una medida cautelar dictada por el juez de Instrucción, Daniel Tobares, y anunciaron que harían presentaciones formales ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue el desempeño profesional de los jueces denunciados.
Social Plugin