Vaca Narvaja rechaza y desmiente la acusaciones irresponsables

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos lleva a cabo los trámites de contratación de las obras de reparación de establecimientos escolares, para posibilitar el normal inicio de clases del ciclo lectivo 2013.

Nuestra Constitución Provincial, en su Artículo 98º, prevé como
principio general, la contratación de obra pública mediante el
procedimiento de Licitación Pública y reserva a la ley, determinar las
excepciones a este principio.

Por su parte, la Ley Provincial J Nº 286 de Obras Públicas y su Decreto
Reglamentario J Nº 686/62, que datan –con algunas modificaciones- del
año 1961 y 1962 respectivamente, en sus Artículos 9º, determinan que una
de las excepciones al principio de Licitación Pública estará dada por
las contrataciones inferiores a la suma de $1.887.940,00.

A mayor abundamiento, el Artículo 21º del Decreto Reglamentario fija
los siguientes montos: para contratación directa hasta $ 62.022,58;
Concurso de Precios, hasta $ 966.120,93 y Licitación Privada, sumas de
hasta $ 1.887.940,00 (Conf. Res. 02/2012 del Consejo de Obras Públicas
publicada en el Boletín Oficial Nº 5055 del 09 de julio de 2012).

Tal como puede consultarse en el Sitio Web Oficial de la Provincia de
Río Negro (solapa “Información y Servicios” y luego “Compras y
Licitaciones”), las contrataciones para el Programa Puesta en Marcha
2013 han sido implementadas mediante 32 Concursos de Precios de menos de
$966.000,00 y algunas pocas contrataciones directas de monto inferior a
$ 62.022,58.

Por este motivo, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Fernando
Vaca Narvaja, desmiente públicamente la acusación falaz de violar la Ley
J Nº 286 que regula la contratación de la Obra Pública en la Provincia.
“El sorteo ante escribano público, fue para conformar las ternas de
empresas que cotizarían en cada Concurso de Precios, para que fuera el
azar quien decidiera los contendientes ara cada grupo, en todo lo demás,
es el mismo sistema que rige desde hace más de cuarenta años”. Y agrega:
“lo correcto debería ser dirigirse a la fuente y chequear la
información, antes de propagar cualquier tipo de acusación sin
fundamento. Máxime cuando se es legislador y abogado como es el caso de
la legisladora Ana Piccinini".