La necesidad de dictar la prisión preventiva del imputado no dejaba lugar a dudas. La juez Anabel Rodríguez resolvió otorgarla por el plazo solicitado por la Fiscalía, sin embargo esta decisión no se presentaba fácil de llevar a la práctica. El problema es la situación de emergencia que se registra en los lugares de detención de la circunscripción. La situación fue analizada posteriormente por el juez de ejecución penal que intentaba generar alguna vacante.
Los motivos de la situación crítica que se vive en la zona cordillerana son conocidos. Varios condenados cumplen su pena en los calabozos de las comisarías ocupando el espacio que debería ser utilizado por procesados. Los trámites para su alojamiento en dependencias del Servicio Penitenciario Federal son demasiado lentos. Por otra parte, varias comisarías no cuentan con celdas habilitadas para el alojamiento de presos desde hace mucho tiempo. Si bien el pedido se reitera permanentemente, el Poder Ejecutivo no dispone las partidas para ello y los lugares existentes se saturan.
La situación lleva a episodios insólitos que terminan beneficiando a las personas que deberían cumplir con medidas de coerción e incluso a otras con condenas firmes en su contra que no pueden comenzar a purgarlas simplemente porque no tienen dónde hacerlo.
En el caso concreto del segundoimputado por el violento robo ocurrido el lunes a la noche en Epuyén, la Dra. Rodríguez dispuso la prisión preventiva por 20 días solicitada por el fiscal Oscar Oro. La magistrada indicó que será el juez de ejecución quien disponga el lugar en que deberá llevarse a cabo y en caso de que las condiciones fueran de hacinamiento tornando inhumana la situación, se realizaría una nueva audiencia para analizar la posibilidad de una medida sustitutiva.
Los argumentos del fiscal para insistir con la necesidad de un encarcelamiento preventivo, se basaron fundamentalmente en las características y la gravedad del hecho cometido, en la actitud de los asaltantes para con las víctimas, en la conducta del imputado al momento de ser identificado por un control policial dándose a la fuga y en la falta de garantías de que será encontrado o que podrá controlarse el cumplimiento de una medida sustitutiva por vivir en una zona rural, aislada de los centros urbanos.
La defensa a cargo del Dr. Bruno Deias consideró que esas condiciones de distancia podrían ser favorables por el tiempo que dure el proceso para asegurarse que no tomará contacto con víctimas. También habló del arraigo de su defendido en la zona, y de la imposibilidad de encontrar un lugar para su alojamiento en las comisarías de toda la circunscripción, por lo que solicitó la aplicación de una medida alternativa.
En este caso, los argumentos no fueron suficientes para que se dispusiera de una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
Finalizada la audiencia el juez de ejecución analizaba el modo de descomprimir los calabozos insistiendo al Servicio Penitenciario Federal para incorporar cuanto antes a los condenados que cumplen con las condiciones para el pase.
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