La posición de la Defensora fue manifestada en el marco de la cuarta Audiencia Pública que convocó el ente provincial regular de energía (EPRE), realizada hoy en Cipolletti, para analizar la actualización quinquenal del servicio, de acuerdo a las condiciones contractuales al momento de su privatización.
Luego de la exposición del EPRE, Edersa y del Defensor del Usuario, y en una exposición de unos 10 minutos de duración, la Defensora dijo que los recientes y reiterados cortes en el servicio eléctrico en la mayoría de las localidades de la Provincia, son una acabada muestra de la falta de mantenimiento y desinversión que viene soportando el sistema eléctrico rionegrino y es un tema recurrente.
Dijo que “desde mi punto de vista y desde la lógica, no hay posibilidad de analizar la readecuación tarifaria del alrededor 60%, sin tener la calidad del servicio más caro del país y carente de inversión y desarrollo.
Luego de señalar las distintas participaciones del organismo de control en defensa de los ciudadanos en virtud de resoluciones nacionales que establecían a principios de años nuevos aumentos con incidencia en las facturaciones domiciliarias, señaló que hoy nos encuentra en una situación similar que nos abre las puertas a un nuevo litigio.
Al hablar de la realidad que vive el usuario, Nadina Díaz destacó que Edersa ostenta no solo una posición dominante, sino el servicio más caro del país en consumos básicos residentes, de acuerdo al estudio realizado por la Fundación del Desarrollo Eléctrico argentino (Fundelec).
Los valores representan hoy hasta 4 veces más que el resto del país. Si bien esta tarifa incluye un recupero de costos vigentes hasta noviembre, aún con el nuevo cuadro tarifario, las proyecciones y análisis comparativos la ubican en este mes de diciembre entre las tarifas más altas del país.
Hizo referencia también a la actitud de la empresa de la pretensión cortar el suministro a las plantas potabilizadoras de agua, lo que calificó como una suerte de presión sobre el estado y la sociedad rionegrina, postura poco compatible al menos con la ética comercial.
“Así debe entenderse esta amenaza, ya que el agua es un elemento tan o más vital que la energía” expresó.
“Bajo ningún concepto admitiremos que la sociedad rionegrina quede cautiva de una disputa de intereses privados y menos aún que los ciudadanos deban soportar con sus recursos, el desatino la mala administración de un grupo empresarial”.
Dijo que La relación de las tarifas a nivel país con empresas similares, la ineficiencia de su servicio y la falta de eficacia operativa, demostrada a través de las multas impuestas por el EPRE y de los numerosos reclamos presentados ante esta Defensoría, hablan de por sí de que no estamos debatiendo una cuestión de desfasaje tarifario.
“Estamos ante un desmanejo empresarial, cuyo costo quieren hacérselo pagar a los rionegrinos. La afectación abarca al conjunto de la sociedad. Al autorizarse un incremento en estas condiciones, más allá de la razonabilidad que pueda imponer la composición tarifaria, estamos soslayando las cuestiones de ineficiencia y la ineficacia con el costo más alto del mercado nacional que han caracterizado a la firma.
“Por eso es que esta Defensoría no avalará ningún incremento que se dé en este marco de condiciones” dijo.
Luego hizo referencia a la incidencia de una tarifa más cara en las economías regionales, que en su mayoría son grandes consumidores de energía, donde el incremento tendría una alta incidencia en la composición de costos y en la rentabilidad de sectores que ya soportan una crisis.
Tenemos la tarifa más cara del país. Tenemos la menor inversión en infraestructura que desmejora la calidad del servicio y de acuerdo a los informes que son de público conocimiento, la distribuidora acumula una cuantiosa deuda en el mercado eléctrico mayorista, que pone al servicio eléctrico rionegrino al borde del colapso.
No se ven resultados alentadores en dos décadas a pesar de que existe coincidencia de que el negocio es previsible y seguro por sus altos índices de cobrabilidad, flujo constante y rentabilidad asegurada.
Entonces, queda preguntarse si la necesidad de actualización de las tarifas eléctricas en Río Negro, debe darse en este estado de condiciones.
Se preguntó finalmente la defensora si la empresa, aun con las tarifas más altas del país, continuará con su política de desinversión y no cancelación de sus compromisos con el mercado eléctrico mayorista, que ponen en riesgo el servicio eléctrico, básico y esencial para toda sociedad.
Dijo que en este esquema los rionegrinos deberemos pensar las alternativas de seguir siendo cautivos de un mal administrador de un servicio indispensable o ir en la búsqueda de alternativas más confiables.
Sin duda alguna haremos valer los derechos de los ciudadanos rionegrinos expresó finalmente la Defensora Nadina Díaz.
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