La obligatoriedad de la rinoscopía se ampliaría a los jueces

Avanza el proyecto para exigir esos análisis a funcionarios y legisladores, y el oficialismo propone sumar al Poder Judicial. La iniciativa se trataría en octubre en el recinto.

Un primer paso parlamentario tuvo el propósito de la obligatoriedad de estudios médicos para determinar posibles adicciones a las drogas. La iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Asuntos Sociales y se prevé su tratamiento para octubre en el recinto legislativo.

El proyecto tiene la autoría de los legisladores Ariel Rivero, Javier Iud y Alejandro Marinao pero, en principio, el oficialismo estaría acompañando aunque propondría una ampliación de la obligación a los funcionarios de otros Poderes.

El alcance original preveía la “realización de estudios médicos y/o bioquímicos anuales y de la obtención de un “certificado psicofísico” para desestimar la adicción de drogas ilegales por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo -hasta la categoría de Director y subcomisario en el rango de la Policía- y cargos superiores en la Legislatura -legisladores y autoridades, hasta directores de áreas.



Próximamente, la bancada de Juntos Somos Río Negro, que preside Alejandro Palmieri, acercará modificaciones y, según lo adelantado, sumaría la obligatoriedad para magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Rivero reconoció estar abiertos a los aportes de otros bloque para llevar el mejor proyecto posible al recinto y admitió que se “está trabajando” con el bloque oficialista para “consensuar el articulado”. El legislador resaltó que el “proyecto tiene como finalidad combatir el flagelo de la droga, que atraviesa a todas las clases sociales, edades y perfil socio cultural”.



Según el proyecto, la “autoridad de aplicación es el ministerio de Salud y los exámenes deben ser realizados en hospitales e instituciones públicas”. Los mismos “se deben incorporar al legajo personal del funcionario a través de las Direcciones de Personal correspondientes, respetando la privacidad”.


Además, el proyecto avanza en hipotéticos casos que necesiten rehabilitación. Cuando los informes determinen que el funcionario se encuentre en posible deterioro adictivo, se procede a fijar las medidas terapéuticas tendientes a su recuperación.

Fuente Rio Negro.









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