Ibáñez retirado, explicó en diálogo con NdB que se trata de un reclamo que data de muchos años, empezando por los aumentos adeudados desde octubre de 2018 a la fecha.
“La respuesta que tuvimos el gobierno hasta ahora es la convocatoria que le dieron al señor Rubén Calvo que nos presenta en el provincial fue qué según la provincia están comunicándose vía mail con la ANSES a nivel nacional, pero hasta ahora una respuesta concreta no tenemos por lo que las marchas van a seguir todos los miércoles hasta que tengamos una solución”, sostuvo Ibáñez.
Antes de marchar hacia el concejo deliberante los policías retirados y pensionados dejaron por debajo de la puerta de la ANSES El Bolsón un petitorio concreto para que el estado nacional comience a normalizar la situación de los trabajadores policiales en situación de retiro o jubilados.
Firmaron la nota unos 60 policías retirados y jubilados, manifestando que son un “grupo de riesgo que, sumado a la pandemia, nos encontramos al límite de la precariedad social”.
Durante la movilización -que se llevó a cabo en diferentes localidades rionegrinas con el nombre "La marcha de la vergüenza"- los policías pensionados y retirados reclamaron por "la acreditación de los aumentos no liquidados desde octubre de 2018, la falta de aumentos desde hace un año y el pago de los juicios adeudados por la incorrecta liquidación de haberes".
A su vez, criticaron la ausencia de comunicación con el gobierno provincial y la falta de respeto a la Ley de Sueldos de los policías. "Hoy la pérdida del poder adquisitivo es más del 65 por ciento", sostuvo Tanaka Paillalef.
“Nuestros haberes no tienen una actualización concadenada a los activos (policías en actividad), y al no producirse los aumentos de sueldos, como los tienen todos los empleados públicos, nuestros haberes quedan congelados en el tiempo y se produce una fuerte caída del valor adquisitivo de nuestros ingresos, llevando a muchas familias policiales a niveles de pobreza e indigencia”, agrego.
Además, los retirados sostienen que esa situación se debe a que tienen “una doble dependencia administrativa”, tanto de la Provincia como de Nación (ANSES), generándoles “un perjuicio terrible”, por las demoras en los incrementos.
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