El intendente Pogliano se refirió a la orden de desalojo del Mirador del azul

Una vez es conocido y analizado el fallo de la cámara de apelaciones de General Roca sobre la toma del Mirador del azul el intendente Bruno Pogliano se refirió al tema, “siempre eso tuvimos que era una medida necesaria para revertir esta situación que sin lugar a dudas es un delito”, sostuvo el mandatario. También te comentamos Cómo son los tiempos procesales y lo que se viene con esta medida.

El viernes por la mañana al intendente del Bolsón Bruno Pogliano diálogo con los medios de prensa y se refirió en la ocasión a la decisión de la cámara de apelaciones de General roca sobre la toma del Mirador del azul, "es muy importante este pasó que se ha dado, que la cámara apelaciones ha tomado la decisión de ordenar este desalojo del cual siempre sostuvimos que era necesario. Eso nos llevó todos los días y vueltas que tuvimos con el juez Zapata, el pedido de la fiscal en un principio; Esa visión que los tenían de que no se constituya un delito, Nosotros siempre fuimos firmes en decirlo y manifestamos no sólo en los medios locales sino también en todos los medios nacionales”, explicó

Mas adelante remarco que en aquel momento en el cual pareciese que no existía el delito que había mucha parte de la doctrina jurídica y política que se manifestaba en contra de la existencia de un delito, “ nosotros siempre estuvimos desde el municipio de El Bolsón siendo un lugar chico y proyectándolo a nivel nacional, de que esto se trataba de un delito y bueno este fallo de la cámara apelaciones que va en ese sentido y el cambio radical que han tenido muchos frentes a nivel nacional también”.

Cuidar el medio ambiente

Sobre la situación planteada en el juzgado civil que ya determino un daño ambiental agrego, “Obviamente que lo celebramos, porque realmente proteger lo que es de todos, además, es un bien también ambiental y ecológico que tiene el mirador del azul por lo que es realmente muy importante protegerlo”, enfatizó.

“el relevamiento original de personas asentadas en el lugar, porque la resolución judicial habla de 130 familias, que nunca se pudieron confirmar con un listado certero; mientras que nuestros datos –a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que custodia el predio-, indican que no hay más de 10 familias durmiendo allí y tampoco hay niños entre ellos”.

Negociado

Sobre la venta de cipreses que denuncian tanto desde el INTA como organismos provinciales y vecinos, calificó como “un negociado” lo que “han hecho algunos con la desaparición de un renoval de cipreses que fueron talados”, afectando “la imagen de la verdadera postal de El Bolsón para los turistas, como lo es el Mirador del Azul”.

Ahora, “esperamos que sea un desalojo lo más pacífico y rápido posible. Es una situación que ha tenido muchas idas y vueltas y también es lógico que se generen dudas en la población en cuanto a la recuperación de un sitio ambiental por excelencia”.

Acerca de la reubicación de los vecinos que tomaron las tierras, Pogliano anticipó que “ya hemos elevado al gobierno nacional la adhesión a la ley de suelo urbano, con la participación del Estado rionegrino, para avanzar en alternativas de nuevos loteos sociales en el área norte de la ciudad, donde se tendrá en cuenta a las personas que tengan real necesidad de una vivienda”.

¿Qué es lo que se viene?

Si bien los jueces no indicaron ningún plazo, es porque la medida la deberá ejecutar Zapata, dado que la causa vuelve al juzgado federal de Bariloche.

Los jueces establecieron cómo debe ejecutarse el desalojo de las personas que se encuentran en esas parcelas. “La medida debería llevarse a cabo con el auxilio de la fuerza de seguridad que se determine en la instancia de origen (por el juzgado federal de Bariloche), entre las que tengan capacidad operativa suficiente para hacer un uso mínimo y racional de la fuerza pública”, advirtieron.

Dijeron que deben extremarse, además, “los recaudos que entienda necesarios el juez instructor para garantizar la eficacia de la medida y la seguridad e integridad física de las personas que estén en el lugar y deban ser desalojadas (especialmente atendiendo a la presencia de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad)”.

Los camaristas dispusieron que deberían “ser notificados los organismos nacionales, provinciales y municipales que el magistrado entienda involucrados en la suerte de las personas eventualmente desalojadas para que, cumplido el desahucio y las diligencias procesales de rigor, en el ámbito de sus competencias las atiendan y/o ubiquen en un lugar adecuado”.

Dijeron que también debe ser anoticiado el Ministerio Público de la Defensa “para que asuma la intervención que entienda corresponderle en defensa de la seguridad e intereses de los menores y, de existir en el lugar, de las personas incapaces”.

Los derechos

Lozano y Gallego afirmaron que está claro “que la forma de asignación de los derechos no puede venir de la mano de una vía de hecho, y mucho menos si con ella se infringe una norma penal”.

“Más arriba di mi opinión en cuanto a que el declamado incumplimiento por el Estado del deber de garantizar el acceso a una vivienda digna no puede servir como excusa para que quienes se consideran acreedores insatisfechos de ese derecho infrinjan normas penales”, sostuvo Lozano.

Zapata les había impuesto a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, como así también al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación el deber de realizar, en el plazo de 15 días, “todas las medidas necesarias tendientes a otorgar alojamiento a las familias que ocupan los predios citados en un ámbito adecuado”. Pero al revocarse su resolución, tras la apelación de los apoderados legales del INTA Pablo Calello y Estanislao Cazaux, Little y la Fiscalía de Estado de Río Negro, esa orden quedó sin efecto.

También, el juez federal subrogante de Bariloche le había ordenado a la Municipalidad de El Bolsón relevar a las familias asentadas en el predio del INTA, previo a proceder a un desalojo. Lozano advirtió: “Una medida de esa naturaleza, por lo ya dicho, no puede ser condición del desahucio" (desalojo).

El Lujan se encamina a una solución

En otro orden, el mandatario también se refirió ayer a la situación de las 100 familias que ocuparon un predio privado en el barrio Luján, donde la justicia provincial también resolvió el desalojo.

Al respecto, recalcó que “es un conflicto entre el dueño de dicha superficie y quienes ingresaron a tomar”. Con todo, “en el afán de buscar algún punto de encuentro entre las partes, el municipio ha logrado un nuevo plazo que nos facilitará hacer un relevamiento para analizar cada realidad de las familias involucradas, tratando además de evitar un desalojo compulsivo”.