Se trata de los implicados en el robo calificado que sufrió la comunidad mapuche Chiguay en Loma del Medio donde los delincuentes golpearon al cuidador para robarse distintos elementos. Se trata de dos hermanos oriundos de El Bolsón. 
En diálogo con la prensa subcomisario Oscar Zapata, titular de la unidad 12 de El Bolsón, confirmó esta mañana que los últimos 2 detenidos en relación al robo calificado cometido en la comunidad Chiguay fueron detenidos están alojados en la alcaidía San Carlos de Bariloche.
Luego de un trabajo minucioso de la brigada de investigaciones se lograron reunir las pruebas necesarias y en la en la audiencia de formulación de cargos que se realizó ayer en San Carlos de Bariloche el juez dictaminó 4 meses de prisión efectiva en la alcaldía de San Carlos de Bariloche para los imputados, explico Zapata.
 Los hermanos habían llegado a la audiencia de formulación de cargos en calidad de detenidos y permanecerán en esa condición a partir de la imposición de la prisión preventiva que requirió el fiscal Marcos Torchia y que dispuso el juez de Garantías, Ricardo Calcagno.

Torchia les atribuyó a los hermanos un hecho ocurrido el pasado 5 de julio a primera hora de la mañana, cuando violentaron un portón de ingreso a un terreno y luego la puerta de acceso a la vivienda, para sorprender a la víctima en el interior del domicilio.

Valiéndose de un arma de fuego, tipo revólver, y un cuchillo, amedrentaron al dueño de casa y tras atarlo de pies y manos con un cable, lo agredieron físicamente al tiempo que le reclamaban la entrega de dinero. De acuerdo a la acusación, además de golpearlo le produjeron un corte en una de sus manos.

El atraco a la propiedad duró aproximadamente media hora, tiempo en el cual los asaltantes se apoderaron de diversas herramientas y máquinas habidas en la propiedad, además de mercadería, alimentos, electrodomésticos y otros objetos que seleccionaron.

El hecho fue encuadrado en la figura de robo calificado por el uso de arma de fuego, considerando a los dos como coautores.

Según describió la fiscalía, a poco de ocurrido el hecho la policía recibió la noticia y comenzó su actuación relevando los primeros elementos probatorios, entre los que se destacaron el testimonio de la víctima y de algunos vecinos del lugar, que aportaron datos para orientar la pesquisa.

Fue un diálogo entre ambos acusados mientras se desplegaba el hecho lo que permitió tener una primera aproximación a uno de los autores, ya que fue nombrado por su apodo. Además, la utilización de un perro adiestrado de la Policía de Río Negro permitió seguir el rastro de los acusados hasta dar con el domicilio de uno de los presuntos involucrados, distante a unos mil doscientos metros de la casa de la víctima.

Apenas dos horas después del hecho las autoridades dispusieron una consigna policial en la puerta de esa vivienda y con el transcurrir de las horas, cuando se libró la orden de allanamiento, las autoridades pudieron recuperar, en ese domicilio, la mayor parte de los elementos que integraron el botín del robo.

En tanto, están en marcha otros elementos de prueba que podrían ser incorporados al legajo judicial y que tienen que ver con el levantamiento de huellas dactilares en la escena del hecho, como así también manchas de sangre y otros elementos que serán analizados en el Laboratorio de Genética Forense, intentando dar con algún rastro de ADN que termine de identificar a los autores.

El fiscal Torchia reclamó la apertura de una investigación formal del hecho con un plazo de cuatro meses y el mismo plazo de prisión preventiva para los acusados.

W R, uno de los imputados, negó su participación y aseguró que está radicado en El Maitén y que además, en el marco del cumplimiento de una condena previa, estaba cerca de obtener el beneficio de la libertad condicional, por lo que no tenía ninguna intención de seguir vinculado al delito y que ello entorpezca su liberación.

El defensor oficial Marcos Miguel no planteó objeciones a la formulación de cargos realizada por el fiscal, aunque sí cuestionó la calificación legal dada al hecho, apuntando que la participación de sus asistidos en el robo no estaba acreditada y que debía encuadrarse en la figura de encubrimiento.

Remarcó que ambos imputados se presentaron de forma voluntaria en la comisaría 12 de El Bolsón, tras conocer que eran investigados por su presunta participación en el hecho.

El juez de Garantías Ricardo Calcagno, consideró formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses de investigación penal preparatoria, que se computarán desde que termine la feria judicial de invierno. Por el mismo plazo, además, impuso la prisión preventiva de los acusados, siguiendo el planteo fiscal y rechazando el criterio defensivo que había solicitado que sus asistidos permanezcan en libertad, bajo el cumplimiento de una serie de requisitos.

En su alocución, la fiscalía reveló que A R tiene como antecedente una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso por el delito de robo agravado por uso de arma y por ser cometido en zona despoblada y en banda.

En tanto que W, también registra una condena previa de cinco años de prisión que comprende la unificación de dos causas.
De esta manera para la policía de la provincia de Río negro el hecho está esclarecido, incluso el subcomisario confirmo que a pocas horas de cometido el robo calificado ya tenía las pistas necesarias para dar con los delincuentes en virtud de la investigación que se llevaron adelante.
No obstante, el funcionario policial también adelantó que hay pistas que se siguen y podrían tener relación con el robo que sufriera un vecino de Mallín Ahogado semanas atrás.
¿Que es la prisión preventiva?
La prisión preventiva es la detención provisoria de una persona que está imputada por un delito pero que aún no ha sido juzgada o bien no tiene una condena firme en su contra.
El Código Procesal Penal, sancionado por unanimidad por la Legislatura, ordena que las personas imputadas estén en libertad y sólo autoriza la prisión preventiva cuando sea absolutamente indispensable. “Que un imputado esté libre durante el proceso no significa una situación de impunidad sino solamente que va a llegar a juicio sin estar detenido”, se explica en un video elaborado por el Poder Judicial.
El juez no puede dictar prisión preventiva por su cuenta. Debe pedirla la Querella o la Fiscalía demostrando que existen peligros procesales, esto es: que el imputado se puede fugar o puede entorpecer la investigación. Antes de ordenarla se deben considerar opciones menos graves como la fianza, la pulsera electrónica o la obligación de presentarse regularmente en Tribunales, entre muchas otras, según establece la normativa.