La desigualdad en el acceso a la justicia

 

Luego de que se hiciese pública la situación de una mujer de General Roca que debe vender empanadas para pagarse un abogado tras conocerse la petición de un trabajador judicial para que le paguen un defensor, el grupo justicia Comarca fijo posición, su referente Luis Albornoz detallo que creían que en El Bolsón solo debían vender empanadas para pelear por justicia, “ahora vemos que es en toda la provincia”.

El Poder Judicial lejos de entender por qué los ciudadanos no le creen.

Mientras una madre organiza un evento solidario para juntar el dinero de los gastos del juicio de sus hijos, “víctimas de abuso”, lo mismo que otros familiares organizan ventas de empanadas para enfrentar los gastos de una Justicia lejana y poco equitativa, un funcionario del Poder Judicial que gana algo más de 500000 pesos, solicita al Estado provincial que le pague un abogado de oficio, es decir: gratis para él. Algo parece no estar funcionando en el sistema judicial. 

Días atrás, el periodista Daniel Quilodrán (Rio Negro), publicaba una nota titulada “Una mujer de Roca junta fondos para pagar el juicio de sus hijos, víctimas de abuso”. En ella informaba que habría un evento “solidario en un bar céntrico de la ciudad de Roca, para recaudar los 70 mil pesos que se deben en gastos judiciales”. El litigio fue contra su ex esposo y padre de los niños abusados…”

Mientras, en la otra punta de la Provincia, un asesor de menores de El Bolsón, le pide al Poder Judicial que lo represente en una causa en la que se lo investigan por “falso testimonio”. 

Cualquiera podría suponer que se trata de un chiste, pero no lo es. Si bien el funcionario tiene derecho, pese a que se tata de “falso testimonio”, también se puede decir que la Justicia tiene la obligación y por “principio”, de “promover la equidad”, cuestión que, frente a semejante contraste y otros, como señalan los familiares de víctimas de hechos de violencia que en El Bolsón “venden empanadas para pagar a los abogados o viajar a Bariloche para llevar a los testigos”, a fin de que las causas no se caigan, muestra a la Justicia “cada vez más lejana para las personas”.

Betiana es maquilladora en Roca. Aboga por una ayuda. El funcionario que gana $500.000 por mes, le pide al Estado que lo asista. 

Es cierto que todos los ciudadanos del país, pueden exigirle al Estado, un abogado de oficio en las causas penales, porque es una garantía constitucional, pero ese defensor oficial está restándole tiempo a otras causas; a otras personas que realmente necesitan la asistencia estatal y que suelen esperar en el “olvido”, porque no tiene posibilidad, precisamente, de pagar los costos de la Justicia.

Betiana, lucha por conseguir el dinero para pagar las costas……. Un asesor de menores parece “aprovecharse” de sus derechos, sin considerar el tiempo que les resta a otros ciudadanos que efectivamente lo necesitan.

Es evidente que no todos somos iguales ante la ley. La Constitución Nacional dice que sí: “Todos somos iguales ante la Ley”. Pero, para algunos sistemas de Justicia, parece que no.

Estos hechos son dos que grafican claramente lo que se puede describir como “Justicia sin equidad y un pedido sin decoro”.  

Luis Albornoz, presidente de Justicia Comarca (familiares de victimas de hechos de violencia)