Se trata de un espacio de 66 mil hectáreas, calificado como “la red de refugios de montaña más extensa de Sudamérica”, visitado en cada temporada por unos 120 mil turistas de todo el mundo. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro es la responsable de su conservación y estableció que a partir del 15 de diciembre cada excursionista tendrá que abonar $1.700, destinados a la cobertura de un seguro y al desarrollo de obras de infraestructura.
Otro de los objetivos es “limitar la capacidad de ingresos diarios”, en función de los desbordes observados en los últimos años, con el consecuente impacto humano sobre la reserva.
No obstante, a criterio de José “Rulo” Sirvent (vocero de las familias residentes en el sector), “es una medida aislada y no aporta nada. Creemos que hay que consensuar y tomar distintas acciones de fondo para mejorar todo el funcionamiento del Anprale, que ha tenido un cambio rotundo a partir de la llegada del turismo”.
Luego de confirmar que “nunca fuimos consultados”, recordó que “veníamos trabajando con el gobierno de la provincia durante el período de Alberto Weretilneck y habíamos llegado a un acuerdo importante para resolver el tema de la tenencia de la tierra, pero eso después no prosperó. A partir del 10 de diciembre, cuando vuelva a asumir, vamos a pedir una entrevista”.
Desde su óptica, “no sabemos exactamente si la cantidad de gente que ingresa diariamente es una sobrecarga para el área natural. Habría que estudiar cómo se distribuye y buscar distintas alternativas, pero no se va a solucionar cobrando un ingreso alto que solo permita la llegada de aquellos que tengan los recursos y el que no tenga dinero no va a poder visitarnos, eso no lo queremos”.
Remarco enseguida que “hay que conocer un poquito la historia del lugar para ver cómo funciona. Toda la infraestructura que tiene el área está hecha por los antiguos pobladores y para las actividades que se desarrollaban en aquel momento, fundamentalmente ganadera, y actualmente se siguen usando las mismas pasarelas y las mismas picadas”.
“Nosotros entendemos que hace falta una mejor infraestructura en este espacio –agregó-. Hay que invertir, porque hasta ahora hemos sido los propios vecinos –desde nuestros abuelos y padres-, quienes hemos puesto tiempo y dinero, aún cuando el Estado nos sigue considerando intrusos”.
Sirvent insistió con que “necesitamos es que nos den la propiedad del lugar donde estamos, donde estuvieron nuestros antepasados. No pretendemos ser dueños de la montaña, lo que hemos acordado con el gobierno anterior es que se titularice hasta los 800 metros sobre el nivel del mar, que es donde tenemos todas las instalaciones”.
En coincidencia, otro grupo de pobladores de Mallín Ahogado y Costa del Río Azul se movilizó este jueves hasta el municipio, donde se entregó una nota pidiendo información sobre lo actuado y las medidas a aplicar durante la temporada veraniega.
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