En medio de la creciente preocupación por las amenazas registradas en establecimientos educativos de la región, el jefe de la Zona de Seguridad N° 12, comisario inspector Walter Ñancucheo, fue categórico: este tipo de hechos no deben minimizarse ni considerarse bromas. “Vamos a ser claros y contundentes: hacer este tipo de amenazas es un delito”, afirmó, al tiempo que remarcó que se trata de figuras contempladas en el Código Penal bajo la calificación de intimidación pública.
El funcionario policial explicó que estos episodios no son aislados, sino que forman parte de una problemática que se viene registrando a nivel nacional y que también impacta en la provincia de Río Negro. En ese marco, confirmó que en El Bolsón y otras localidades bajo su jurisdicción ya se han recibido denuncias vinculadas a amenazas en instituciones educativas de distintos niveles.
Según detalló, en la mayoría de los casos locales las intimidaciones se materializan a través de escritos anónimos en baños, puertas y otros espacios comunes dentro de las escuelas. “Son frases amenazantes que alteran el normal desenvolvimiento de las actividades educativas”, indicó Ñancucheo. A partir de estas situaciones, se radicaron denuncias penales en la Comisaría 12, dando intervención a la Fiscalía, que dispuso distintas diligencias investigativas.
El comisario inspector aclaró que, hasta el momento, no hay personas identificadas como responsables de estos hechos, aunque cada caso está siendo analizado de manera particular bajo directivas judiciales. En ese sentido, no descartó que, de surgir indicios concretos, se puedan ordenar allanamientos, así como el secuestro de dispositivos electrónicos como celulares o computadoras, en el marco de las investigaciones.
Uno de los puntos que generó mayor inquietud en la comunidad educativa fue la posibilidad de que existan armas dentro de los establecimientos. Sobre esto, Ñancucheo llevó tranquilidad al señalar que no hay denuncias formales que acrediten la presencia de armas de fuego en escuelas de El Bolsón. “No se ha establecido ni se ha denunciado concretamente la presencia de un arma de fuego en ningún colegio”, sostuvo. No obstante, mencionó un caso en el que, a partir de comentarios de alumnos, se indicó que un estudiante habría exhibido un objeto similar a un arma, aunque dicha situación no pudo ser verificada ni constatada directamente.
El jefe policial insistió en que incluso la utilización de objetos que simulen ser armas también configura un delito, al igual que cualquier acción que genere temor o altere la vida institucional. “Todas estas situaciones están previstas en el Código Penal y pueden tener penas privativas de la libertad, dependiendo de quién las cometa”, explicó.
Otro aspecto relevante que abordó Ñancucheo es la responsabilidad legal en estos casos. Señaló que, cuando los autores son menores de edad, los padres o tutores pueden resultar responsables por las acciones. En esa línea, puso como ejemplo situaciones ocurridas en otras provincias, como Mendoza, donde familias de jóvenes identificados en hechos similares enfrentan sanciones económicas de gran magnitud tras las investigaciones judiciales.
Consultado sobre posibles articulaciones con otras jurisdicciones, como Chubut, donde también se han registrado casos y se avanzó con allanamientos, el comisario indicó que por el momento no se ha solicitado colaboración formal a la policía rionegrina para intervenir en El Bolsón.
Finalmente, Ñancucheo reiteró el mensaje central: las amenazas en el ámbito escolar no son juegos ni bromas. “Se va a trabajar como con cualquier delito”, afirmó, subrayando que tanto la policía como la justicia actuarán con firmeza ante cada denuncia. También apeló a la conciencia de la comunidad educativa padres, alumnos y docentes para dimensionar la gravedad de estas conductas y evitar su reproducción.
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