Una jubilada tuvo que recurrir a la Justicia para que le quedara dinero para comer y comprar sus medicamentos

La dramática situación que atravesaba una jubilada de El Bolsón llegó a tal extremo que debió acudir a la Justicia para recuperar algo tan básico como el derecho a disponer de parte de su propia jubilación para alimentarse y adquirir los medicamentos que necesita para tratar una grave enfermedad.

La mujer, que además posee una discapacidad del 70%, denunció que los descuentos automáticos aplicados por el banco sobre sus haberes previsionales consumían prácticamente la totalidad de sus ingresos mensuales. Según se desprende de la documentación analizada por la Justicia, hubo períodos en los que las deducciones llegaron incluso a superar el monto de la jubilación que percibía.

La situación la colocó en un escenario desesperante. Con gran parte de sus ingresos absorbidos por pagos vinculados a tarjetas de crédito y compromisos financieros, la jubilada aseguró que ya no podía cubrir necesidades esenciales como la compra de alimentos ni acceder a la medicación requerida para continuar con su tratamiento médico.

Al intervenir en el caso, la Justicia advirtió que la mujer había quedado atrapada en una compleja espiral de endeudamiento, alimentada por refinanciaciones, adelantos, préstamos e intereses que deterioraban cada vez más su economía y reducían su capacidad de afrontar gastos básicos de subsistencia.

En su resolución, la magistrada consideró que la situación vulneraba derechos fundamentales y recordó que el haber jubilatorio tiene como finalidad garantizar una vida digna. En ese contexto, sostuvo que no resulta admisible que una persona quede prácticamente sin recursos como consecuencia de descuentos automáticos que terminan absorbiendo la totalidad de sus ingresos.

Por ese motivo, dispuso una medida cautelar que limita los descuentos sobre la jubilación al 20% de los haberes mensuales, permitiéndole a la mujer conservar una parte sustancial de sus ingresos mientras se tramita la causa principal.

La decisión judicial busca evitar que la jubilada continúe viendo comprometida su subsistencia y marca un precedente sobre los límites que deben existir cuando el cobro de deudas financieras pone en riesgo derechos esenciales como la alimentación, la salud y una vida digna.

El expediente continuará su curso en los tribunales, donde se analizará la composición de la deuda, las condiciones en las que fue generada y las eventuales responsabilidades de la entidad bancaria en una situación que llevó a una jubilada a tener que recurrir a la Justicia para poder comer.