La conexión Mallín Ahogado


Aún cuando la policía neuquina no puede atrapar a los asesinos de José Aigo, y mientras fuentes judiciales rionegrinas insisten con que “no nos consta” el accionar de líderes guerrilleros chilenos en la región andina sur, hay pruebas concretas que demuestran su accionar entre pobladores del paraje rural ubicado al norte de El Bolsón.



Luego del allanamiento concretado en una chacra del cerro Saturnino de propiedad de Juan Marcos Fernández, el hijo del intendente de San Martín de los Andes, a quien se vincula como fletero de los dos sujetos que dispararon contra los guardias en el paraje Pilo Pil, los esfuerzos de los investigadores se basan en descifrar “un manuscrito en clave y su posible vinculación a una célula terrorista chilena”.


Dicha pieza sería clave “para unir las partes de un rompecabezas que hasta ahora los llevó a buscar un fantasma”, se graficó en referencia a “la verdadera identidad del supuesto antropólogo” (alias Juan Carlos o Chino), cuyo nombre real seria Jorge Antonio Salazar Oporto y sobre quien se libró la captura internacional -una vez hecha la confirmación oficial entre los dos países-, ya que efectivamente se trata de la misma persona cotejando las huellas levantadas en la camioneta alquilada en Mallín Ahogado a Fernández.
Concretamente, lo hallado es “un papel con impresión respecto a tareas guerrilleras” que “demostraría un conocimiento previo entre los protagonistas” del suceso donde perdió la vida el policía Aigo y se balearon con el oficial Pedro Guerrero, quien los puso en fuga el pasado 7 de marzo.
En otro allanamiento, en la propiedad donde habría estado viviendo el presunto “antropólogo”, ubicada en cercanías del cerro Perito Moreno, se retuvo una fotografía suya actualizada y “una tarjeta migratoria a nombre de Juan Marcos Fernández”, que presumen se dejó de su último viaje a Chile y que no entregó en el paso fronterizo. De allí, el fiscal neuquino interviniente se habría llevado “un escrito similar, también en clave, que pone en evidencia una posible vinculación ideológica de los protagonistas”.
En coincidencia, los funcionarios judiciales trabajaron después sobre datos aportados por las pericias informáticas de dos computadoras secuestradas (una en Mallín Ahogado), donde “reside el testigo procesado por falso testimonio (Fernández), propietario y conductor de la camioneta en la que viajaban los chilenos buscados”, se detalló.
Dichas tareas “apuntan a establecer la eventual red de relaciones de Salazar Oporto en la región. En igual sentido se orienta el planteo de la querella para reconstruir el viaje entre El Bolsón y Aluminé, que quedó trunco con el crimen en el paraje Pilo Lil”, agregó la fuente judicial consultada.


Hermanos

Cabe recordar que a pocos días del suceso que tuvo trascendencia periodística internacional, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez -organizaciones de resistencia armada que operan desde la clandestinidad en Chile-, se atribuyeron la responsabilidad política por el asesinato del policía José Aigo y la militancia de los dos prófugos por el caso a través de un comunicado difundido por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema).
Las organizaciones retrataron a los dos evadidos, Juan Carlos alias “el Chino” y Alexis Cortez Torres como “dos hermanos combatientes de la resistencia popular”, y responsabilizaron incluso al gobierno de Cristina Fernández por la integridad de esas personas, sometidas a una “cacería humana”. No obstante, más allá de asumir el caso, se lamentaron por “el contexto específico en que se produjo el desenlace, al que calificaron como un “enfrentamiento en igualdad de condiciones”.
En medio, al personaje identificado como Jorge Antonio Salazar Oporto se lo encuadró como “presunto integrante del denominado Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre”.

Son revolucionarios

Al referirse a los prófugos, dice que “no son asesinos ni terroristas. Son revolucionarios, guevaristas, internacionalistas, libertarios, combatientes de la resistencia popular, comprometidos profundamente con las luchas sociales y de los pueblos originarios del continente. 'Juan Carlos' y su compañera de vida –hoy también perseguida y obligada a la clandestinidad–, son trabajadores comunitarios y verdaderos luchadores en el corazón del Wallmapu. Alexis, un trabajador siempre ligado a las luchas del norte minero que lleva en la memoria las matanzas salitreras”.
Luego de trazar las diferencias entre los luchadores sociales revolucionarios y los “asesinos y terroristas” de los “estados policiales”, llamaron a “quienes luchan por la liberación social y la revolución libertaria, organizaciones y comunidades mapuche, insurgentes, subversivas, ácratas, organizaciones sociales, estudiantiles y poblacionales, organizaciones de derechos humanos, a movilizarnos y a exigir respeto a sus vidas, de diversas formas y de manera urgente con estos hijos del pueblo y su ejemplar resistencia”.


Red de ayuda

La semana pasada, la edición digital del diario chileno “La Segunda” reveló informes de inteligencia sobre los prófugos del crimen del policía José Aigo, en los que por primera vez se deslizó que “la intención inicial de Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Cortés Torres habría sido ingresar a Chile en forma clandestina, por algún paso del lado neuquino”. También se dejó entrever que en Argentina habría “una red de ayuda” para los sujetos buscados por acciones sediciosas en Chile.
Según el documento, “el crimen no fue un hecho aislado ni fortuito. La organización denominada MIR-EGP o 'MIR estructura Sur' es la que estaría detrás de los hechos relacionados con el crimen del policía José Aigo. Al momento de los hechos, seguramente, estaban realizando alguna operación de retorno clandestino a Chile o un posible transporte de recursos económicos”.

Antecedentes

El informe detalla que el MIR-EGP nace cuando militantes del MIR históricos liderados por José Muñoz Alcoholado se opuso a su desarticulación. Era “una organización política y militar” con redes internacionales, que entre 1990 y 1996 realizó una serie de ataques explosivos, aunque desde 1996 a 2006 realizaron sólo acciones esporádicas. La más llamativa fue el asalto (diciembre 2004) a un Banco Estado en Loncoche y el atraco (junio 2005) a un INP (Instituto de Normalización Previsional) en Machalí que dejó cuatro muertos”.
En 1997, “luego del ataque a los carabineros en Lontué, que lo deja en calidad de prófugo, Salazar Oporto se habría instalado en Argentina”, dice el texto. De hecho, uno de los detenidos por el atraco al INP declaró que Salazar Oporto dictaba clases de técnicas de supervivencia y manejo de armas de fuego en la zona limítrofe de Neuquén y las regiones del Bío Bío y La Araucanía.
Respecto a Alexis Cortés (el otro prófugo), “las pistas” desde Chile indican que fue miembro del FPMR y que actuó en la sección norte, instalada en Coquimbo. Se le investigan viajes a Perú (1997 y 2005), Bolivia (2011), Venezuela (2003) y Panamá (2004).


 

En Mallín Ahogado

Fernández declaró que Salazar Oporto, al que identificó como “Juan Carlos”, era un vecino de su chacra de Mallín Ahogado que lo había contratado para un flete entre El Bolsón y Aluminé, sin dar detalles sobre el objeto de ese viaje. Pero una nota periodística firmada por Felipe Díaz P., del diario “La Segunda”, sostiene la hipótesis del ingreso clandestino. Al parecer, “Salazar Oporto (51) estuvo en la mira de la policía toda la primera mitad de los '90. Participó en la fundación del grupo subversivo MIR Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP), el mismo que en 1997 atacó a una pareja de carabineros en Lontué (VII Región) dejándolos heridos de bala”.
A esta comunidad llegó hace un año junto con su pareja, la maestra Mariana Jiménez y la hija de ésta. Se instaló en Mallín Ahogado procedente de la localidad de Cervantes. Allí vivió al menos dos años y pocos vecinos lo recordaron puesto que su vida no distaba mucho de la que llevaba actualmente. Según declararon sus ex vecinos, Salazar Oporto decía que su profesión era la de paleontólogo, que aquí habría cambiado por la de antropólogo.
Según datos recabados durante la investigación, el juez neuquino Joaquín Cosentino supo también que Salazar Oporto solía salir con destino desconocido y regresar “a los dos o tres días” de sus excursiones. Las salidas en apariencia no obedecían ningún patrón regular, aunque iba equipado con una mochila como la que se encontró en la caja de la camioneta Mitsubishi que manejaba Juan Marcos Fernández el día del cruento asesinato de Aigo.
En 2010, cuando decidió cambiar de locación y mudarse a la comunidad de Mallín Ahogado, el guerrillero prófugo habría comentado que se iba por trabajo a Plaza Huincul, aunque no se registran hasta el momento huellas de su paso por allí.