Un comisario volvio al estrado por desalojo de “Vuelta del Río”

La conducta que se juzga respecto al oficial de la policía chubutense se relaciona con el operativo realizado contra la comunidad “Vuelta del Río”, del Departamento Cushamen, en marzo de 2003, en cumplimiento de una orden emitida por el entonces juez de instrucción José Colabelli. A raíz de la denuncia impulsada por la comunidad mapuche-tehuelche, en 2004 el magistrado fue destituido por un jury de enjuiciamiento; casi siete años después, un fallo del Superior Tribunal de Justica de Chubut anuló el proceso por cuestiones formales, y reintegró a Colabelli nuevamente al Poder Judicial como juez penal.

EL DESALOJO
El abogado de la comunidad, Gustavo Macayo, recordó que durante el procedimiento policial ordenado por Colabelli, y realizado por más de veinte efectivos policiales fuertemente armados, se provocaron “graves daños contra los bienes y personas de la comunidad originaria, con especial afectación de la familia de Mauricio Fermín, a quienes se les destruyó completamente su vivienda, sus corrales, plantaciones, y casi todos sus bienes, dejando a todas las familias en un profundo estado de conmoción”. 
Pese a la violencia desplegada, la comunidad resistió el intento de desalojo y, después de tres días, el procedimiento fue suspendido por el entonces juez correccional Jorge Eyo, ya que Colabelli se había tomado licencia.

ABSUELTOS
La causa penal data de marzo del año 2003, oportunidad en que el Ministerio Público Fiscal inició una investigación sobre el procedimiento policial, que desembocó en un juicio oral y público efectuado contra doce de los efectivos policiales de las comisarías de El Maitén y Cushamen.
En oportunidad de ese primer juicio, de noviembre de 2008, la Cámara Criminal actuante dictó la absolución de todos los imputados, pese a la abundante prueba existente y producida en el debate.
Después de un recurso de casación presentado por la querella particular ejercida por la familia Fermín, en 2011 el Superior Tribunal de Chubut ordenó la realización de un nuevo juicio, solamente contra el comisario César Brandt, entonces a cargo del operativo, manteniendo la absolución del resto de los policías.
Sin embargo, según indicó Macayo, a más de un año del dictamen del Superior Tribunal una serie de dilaciones vienen sucediéndose para evitar la realización de la nueva instancia de juicio. En el año 2011 el voluminoso expediente judicial se extravió durante cinco meses, y este año la audiencia de debate se postergó por segunda vez en un mes. La última suspensión se debe a que el defensor particular del oficial Brandt presentó un certificado médico que le impediría participar del proceso durante cinco días.