Sobre este aspecto se vienen manteniendo diferentes reuniones con representaciones provinciales, municipales y entidades intermedias en la búsqueda dar respuesta a la necesidad de internación y cuidados permanentes de pacientes que sufren el abandono y desamparo de las instituciones encargadas de aplicar políticas de salud.
En este sentido se llevó a cabo recientemente en San Carlos de Bariloche un encuentro con la participación del Consejo de Discapacidad Municipal, de la Legislatura provincial, del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) y del Ministerio de Desarrollo Social, con la Defensoría del Pueblo provincial, en el que se abordó la temática, a partir de las distintas situaciones que vienen generando el reclamo familiar y decisiones judiciales adoptadas en cuanto a la situación de pacientes que han estado internados.
El eje central del encuentro fue el “Cómo seguir y dar respuesta a las personas que padecen una discapacidad mental y necesitan de internación y cuidados permanentes”.
Un primer abordaje sobre la cuestión de fondo fue dado por la Defensora Nadina Díaz, quien recientemente remitió al Consejo Provincial de Salud Pública,como autoridad de aplicación, una recomendación para el cumplimiento efectivo de la ley de salud mental.
Los fundamentos de la resolución, son la imperiosa necesidad de contar con estos centros que permitan tanto al interesados como a sus familiares, el acceso sin restricción alguna a su atención profesional.
Señala Nadina Díaz que la ausencia de estas instituciones importa un grave perjuicio, daño y serio riesgo en desmedro de la calidad de vida e interés protegido de los pacientes y familiares, por cuanto existen casos particulares que sí requieren la internación, atento a la gravedad de sus patologías y situación crítica socio familiar.
Finalmente en su recomendación al Consejo Provincial de Salud Pública la Defensora recordó que las dos únicas clínicas de salud mental existentes dependen del área privada, siendo la admisión de pacientes una facultad solamente franqueable vía orden emitida por el órgano interjurisdiccional y que los hospitales públicos ven sobrepasada su capacidad, como así adolecen de la infraestructura adecuada para este tipo de patología.
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