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No es no. Contundente marcha contra la resolución judicial en favor de los genocidas


Desde todas las ciudades de la comarca andina llegaron cientos de vecinos que hicieron escuchar su voz, la resolución del 2x1 de la corte suprema logro unir a todos los vecinos atravesados diametralmente por una decisión más incompresible que injusta, " la memoria y la impunidad no son compatibles", sostuvo Juan Costilla.



Nuevamente el centro de El Bolsón fue la caja de resonancia de la comarca entera ya que miles de vecinos se acercaron desde todos los rincones de nuestra región para participar y pronunciarse contra esta resolución de tres jueces del superior tribunal de justicia, "es muy importante que vecinos de todos los sectores se hayan convocado hoy aquí, sin lugar a dudas la memoria y la impunidad no son compatibles" dijo a NdB Juan Costilla referente de una de las organizaciones que convocaba a esta marcha.


Mas unidos que nunca
Seguidamente Costilla y en relación a la presencia de ex intendentes de todos los partidos y referentes de los actuales, agrego que la memoria hace que los pueblos sean vigorosos y fuertes, "la memoria, el genocidio, la persecución, los vuelos de la muerte, no tiene parangón en la historia y en muchos ha calado muy profundo, además hay una necesidad política de estar más unidos que nunca en la movilizaciones de nuestro pueblo", sentenció Costilla.


Por que se le indilga a Macri el fallo de la corte

Tiempo atrás, antes de que Mauricio Macri nombrara a Rosenkrantz y Rosatti en el máximo tribunal, quien manejaba siempre la agenda de los expedientes que los supremos van tratando era el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. Hoy su poder dentro y fuera está en jaque y no toma todas las decisiones o, al menos, no lo hace solo. Lo que sucedió con este caso, el pedido de “2x1” del represor Luis Muiña del Hospital Posadas, fue una muestra de esa crisis interna, que no está exenta de la influencia del Gobierno. En un comienzo este expediente tenía un borrador de la secretaría penal –a cargo de Esteban Canevari– para ser resuelto de la misma manera que se definían hasta ahora este tipo de recursos las más de las veces: eran rechazados con el llamado “280”, el artículo del Código Procesal Civil que permite a los jueces tomar una decisión sin desarrollar fundamentos.  La rechazan por “improcedente”, por ejemplo. Según ese borrador, Muiña hubiera seguido en su situación, que era de libertad condicional, mientras que a otros les hubiera tocado seguir detenidos.
Quien advirtió la existencia del caso fue Rosenkrantz, el supremo más afín al gobierno de Cambiemos, ex rector de la Universidad de San Andrés, abogado de grandes empresas, entre las que su estudio representó al Grupo Clarín. Es el nombre que aparece en todas las sentencias de los últimos meses que trajeron retrocesos en las causas de lesa humanidad (como la que declaró que no son de acatamiento obligatorio para la Corte las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), la que negó la sindicalización policial, las que retroceden en derechos laborales, la que mandó la causa sobre la muerte de Alberto Nisman al fuero federal como propició el ex jefe de Operaciones de la vieja Side, Antonio Jaime Stiuso. Rosenkrantz les dijo hace alrededor de dos meses a sus compañeros, que quería hacer una sentencia fundada sobre la aplicación del beneficio del “2x1” en un caso de lesa humanidad, el de Muiña.
Lentamente Rosenkrantz logró convencer a dos colegas. La más difícil era Highton, en el plano argumental, porque desde 2005 en adelante había acompañado con sus votos la política de Memoria, Verdad y Justicia, que ahora esta mayoría temeraria decide dejar atrás. En su voto ella aclara que siempre usó fórmulas sin fundamentos de fondo, como el 280, pero los abogados de los organismos de derechos humanos que conocen los casos de memoria, recordaron dos casos de apropiaciones de hijos de desaparecidos donde sostuvo que había que aplicar la ley penal más gravosa, no la más benigna. En una causa contra el represor Víctor Rei adoptó como propio el dictamen de la Procuración que planteaba aplicar la ley vigente en el momento en que se termina de cometer el delito (cuando un nieto recupera su identidad). En 2009, en otro fallo, ante una presentación del obstetra de la ESMA Jorge Magnacco, para rechazar la prescripción, sostuvo: “Para ver si el hecho prescribió, hay que contar desde que el delito terminó de cometerse y ver qué pena prevé la ley 24.410”, que era la ley penal severa, que elevó la pena mínima para los delitos de retención y ocultación de un menor de diez años a una pena de 5 a 10 años de prisión (antes la mínima era 3).

Elena Highton de Nolasco era, quizá, la más desconcertada. Se la veía amargada, relataron testigos cortesanos. Pero sus colegas, los que firmaron el voto de mayoría con ella, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, estaban  envalentonados. Plantearon firmar algo más, bajo la modalidad de “aclaratoria” o similar. ¿Para dar marcha atrás o retractarse? No. Para reafirmar su posición barajaron firmar un texto que reiterara el criterio de aplicar la ley penal más benigna (sin importar su sanción posterior a los hechos y derogación anterior al proceso judicial), la 24.390 en el caso resuelto, y señalar que cualquier otra respuesta o disconformidad con la norma debería darla el Congreso, no la Corte. Sucede que mientras discutían esta opción, Diputados avanzaba a alta velocidad hacia la aprobación de la ley que el Senado sancionó ayer horas antes de la multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, lo que dejaba la iniciativa sin sentido. No quita que más adelante haya otras.
Cambio de ideas
Elena Highton de Nolasco era, desde el 2005, uno de los jueces de la suprema corte que mas acompañaba a madres de plaza de mayo, sin embargo en este último tiempo ha cambiado su postura hasta llegar a firmar este fallo de la corte.
 ¿cuánto tendrá que ver que el gobierno no insistió en pedir que la jueza se retire , como marca la ley?
La jueza Elena Highton de Nolasco ganó una pulseada de poder contra el gobierno nacional que quería verla afuera de la Corte Suprema de Justicia una vez que cumpliera los 75 años, como marca la ley.
El Gobierno busca eludir un nuevo conflicto con el poder judicial y enfocar esfuerzos en la destitución de magistrados cuestionados a través del Consejo de la Magistratura. La nueva maniobra de pragmatismo del Gobierno había sido adelantada por una alta fuente de Gobierno a Clarín.

Días atrás, el Ministerio de Justicia pidió que sea rechazada la acción de amparo presentada por la jueza para su continuidad en el alto tribunal más allá de los 75 años.

Sin embargo, en un guiño político con la medida firmada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, Highton de Nolasco dio por terminada la polémica sobre si un miembro del cuerpo debería abandonar su cargo a determinada edad luego de que el Gobierno pida a la Justicia que rechace la solicitud.
Fuente Página 12, Perfil, redacción.










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