“Queremos que la justicia investigue, sobre todo porque todos los actos administrativos de la municipalidad no se dan a conocer. La gestión del intendente tiene zonas oscuras a las que nadie puede acceder, por eso esperamos que la justicia nos ayude”, indicó Muñoz al momento de presentar la denuncia.
Se argumenta en la presentación que, mediante una serie de resoluciones administrativas, Soria habría transferido un valioso patrimonio municipal (tal el caso de la plaza subastada) a manos de su familia. Es por eso que la denuncia es también contra Mariano Valentín, el marido de la Diputada Nacional, María Emilia Soria, que según consta en los organismos de recaudación, es un “artesano” sin mayores ingresos. Por eso llamó la atención, y se toma como prueba de la maniobra, que haya cedido de manera gratuita uno de los lotes a otro familiar del Intendente, en este caso Victoria Argañaráz, esposa de Carlos Soria, el hijo menor del ex Gobernador.
Muñoz señaló que “las normas nacionales, y sobre todos los tratados internacionales, son muy claros y sostienen que contra la corrupción es obligatoria la transparencia en la gestión pública, cosa que es lo opuesto a la gestión del Intendente de nuestra ciudad”.
En el texto de la denuncia se remarcó que “se desafectó un bien Municipal que luego ingresó al propio Patrimonio personal de los Soria”, y acotaron que “una clara evidencia de ello es que el comprador (Valentín) resulta de profesión artesano, no teniendo al momento de la adquisición los recursos necesarios para adquirir dicho inmueble”.
Pero ese no fue el único aspecto abordado en la denuncia, sino que además se tomó como un accionar ilegal del Intendente que hayan sido empleados de la municipalidad quienes hicieron las mensuras, y no los dueños de los lotes como es habitual. También se dejó constancia de que se utilizó maquinaria municipal para hacer los zanjeos para llevar los servicios públicos. Quizá una de las anomalías más graves haya sido avanzar en las conexiones sin autorización de la empresa ARSA, como hace cualquier otro loteador. Se aclara en la denuncia, que “la empresa ARSA nunca aprobó la factibilidad, por ello la Municipalidad, en uso del patrimonio público, decidió conectar de manera irregular el servicio, en un claro exceso de sus atribuciones”.
“Una de las figuras que surge a primafacie es la de la Administración Fraudulenta, es decir, lo que se llama la Estafa al Estado. Claramente los participes necesarios de este delito son los cónyuges de María Emilia Soria y de Carlos Soria hijo. Esto es por la actividad desplegada para la obtención de un bien del estado y el beneficio a un tercero”, reza la acusación.
Y remarca sobre Soria que “sería claramente autor del delito de Peculado (enriquecimiento a partir del cargo), en función de darle a los elementos que administra (máquinas y personal), un destino distinto del que corresponde, beneficiando a terceros, entre ellos sus hermanos (una Diputada Nacional y el otro Funcionario Municipal). Esto a raíz de la utilización de bienes del estado en provecho de sus parientes, ni más ni menos que sus cuñados y hermanos.
Por último advirtieron que estas conductas “permiten a su vez entender porqué no se publicitan los actos de gobierno del Municipio de General Roca. Si estos fueran de libre acceso, se hubieran conocido hace mucho tiempo los delitos cometidos por el intendente y su familia”.
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