Luis Albornoz, uno de los referentes de la organización social, recordó que “fue una asesinato a mansalva, en la puerta de su casa y frente a su madre. Queremos dialogar con el fiscal Francisco Arrien para conocer los avances en la causa y para que este caso no se pierda en la burocracia judicial, que se siga visibilizando mientras transcurren estos cuatro meses de investigación para reunir pruebas y que los jueces no se olviden que detrás de los expedientes está la esperanza y el dolor de una familia que está esperando justicia”.
Agregó que “con mucha indignación observamos que el asesino confeso está cómodamente instalado en la casa de sus padres, en Ingeniero Jacobacci, con prisión domiciliaria y con una tobillera electrónica como único castigo. Son estas cosas que tiene la justicia y que no entendemos”, remarcó.
Acerca del caso Mauricio Burgos, donde hay dos individuos condenados (uno de ellos ex policía del Chubut) a 12 años de prisión, Albornoz precisó que “hubo un rechazo de la Cámara para su pedido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por cuanto ahora estamos esperando que sea de cumplimiento efectivo y no sigan en libertad y pasando como si nada hubiese ocurrido frente a la casa de la familia de la víctima”.
En referencia “al reclamo generalizado para que los legisladores cambien las leyes”, recordó que “son los derechos que tienen las personas que cometen delitos, pero creemos que hay que modernizar los códigos que actualmente se aplican”.
De igual manera, adelantó que el grupo Justicia Comarca “presentó hace dos semanas una nota pidiendo una reunión urgente con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro porque queremos discutir esta realidad. Todos sabemos que hay cosas para modificar, los vecinos de El Bolsón no pueden ser ciudadanos de segunda al momento de acceder a la justicia”.
“Lamentablemente, hay muchas víctimas de hechos de violencia que siguen esperando justicia o la resolución de sus casos –insistió-, en Río Negro esto funciona a los empujones. Si nosotros no estamos presentes en los medios de comunicación o insistiendo ante cada funcionario –principalmente en El Bolsón-, los expedientes no se mueven”.
Enseguida comparó que “en los tribunales de San Carlos de Bariloche hay 15 fiscales para una población de 250 mil habitantes. Cada uno de ellos maneja alrededor de 150 causas anuales, mientras que en El Bolsón hay uno solo para atender 1500 denuncias, entonces es lógico que esté siempre desbordado”.
Al respecto, resaltó que “quedó desierto el llamado a concurso para designar a otro fiscal; seguimos sin juez de Garantías, ni defensores oficiales. Tampoco hay una delegación de la Oficina Judicial. Estas son las cosas que nosotros queremos discutir con los órganos de decisión política, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta”, reiteró.
Acusación
En referencia al crimen de Juan Martín Villar, caratulado como “homicidio simple”, ocurrido el 17 de septiembre, el fiscal Francisco Arrien imputó a un hombre y lo acusó de presentarse al mediodía en el domicilio de su posterior víctima.
Según lo reconstruido, “cuando comenzaron a discutir y al momento de retirarse del lugar, acompañado por Villar, se dirigen a la calle y allí se produce un nuevo intercambio de palabras. El acusado extrajo un cuchillo de entre sus ropas y le asestó dos puñaladas provocándole heridas que ocasionaron un shock hipovolémico que lo condujo a la muerte”.
Sin embargo, el imputado brindó una breve declaración ante el juez de Garantías, Ricardo Calcagno, quien presidió la audiencia. Fue asistido por el defensor oficial penal, Nelson Vigueras, quien manifestó que “tienen una posición diferente a la planteada por la parte acusadora”. No planteó oposición alguna a la formulación de cargos.
En cuanto a la medida cautelar solicitada por la fiscalía de prisión preventiva, el defensor requirió la modalidad de domiciliaria con dispositivo electrónico en la localidad de Ingeniero Jacobacci, de donde es oriundo su asistido. Explicó que la permanencia en el establecimiento penal a raíz de una situación familiar, pondría en riesgo su seguridad.
La fiscalía solicitó dicha medida considerando el riesgo de fuga, por la falta de arraigo dado que el imputado tiene un nuevo domicilio en la localidad de Bolsón y se encontraba sin trabajo. Sumó a ello el entorpecimiento a la investigación, considerando que aún resta tomar declaraciones testimoniales de relevancia.
Fuente Jornada.
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