Iban a desbaratar una banda narco en Bariloche y solo juzgan a tres

La causa se inició en el 2014. En los allanamientos realizados en 2016 no hallaron más pruebas porque la fiscal cree que una filtración les permitió a los delincuentes anticiparse a la Justicia.



El 27 de diciembre de 2014 se recibió un llamado anónimo en el 0800 Drogas que había puesto en marcha el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. Denunciaba que vendían drogas en la feria de Moreno y Villegas, en Bariloche.

Esa denuncia anónima puso en marcha una investigación preliminar que asumió personal de Toxicomanía de la Policía de Río Negro, con el aval de la fiscalía federal de Bariloche.

Durante catorce meses aproximadamente, investigadores de la Policía de Río Negro siguieron de cerca los movimientos de una docente y su marido, de un panadero y de un matrimonio, que comercializaban supuestamente papas, cebollas y compraban y vendía vehículos ocasionalmente. No fueron los únicos.

Era una investigación ambiciosa que pretendía desbaratar una banda que se dedicaba al comercio de drogas, sobre todo en barrios del Alto de Bariloche. Todo se manejó con absoluto hermetismo para que la investigación no fracasara.

Desde el Juzgado Federal de Bariloche habían ordenado en absoluto sigilo que se hagan 5 allanamientos en forma simultánea la noche del 2 de abril de 2016, en cinco domicilios de la ciudad. Pero hubo una filtración que puso en alerta a los sospechados, según explicó la fiscal general Graciela Degrange ante los jueces del Tribunal Oral Federal de Roca, y la operación no tuvo el éxito esperado.

De los cinco allanamientos, solo tres fueron positivos. En una vivienda del barrio Nahuel Hue hallaron 13 envoltorios con 10 gramos de cocaína, 112.538 pesos, 1.000 dólares, 20 euros y reales y plata chilena, balanzas y otros elementos.

En otro allanamiento, en una casa del barrio Pilar II, hallaron 180 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína en una mochila y un arma de fuego cargada con 4 proyectiles. Y en el tercer procedimiento positivo, que se efectuó en el barrio Nahuel Hue, secuestraron 571 gramos de cocaína.

La manera en la que la Policía de Río Negro realizó los allanamientos nos lleva a los tiempos más oscuros de la historia argentina

Natalia Araya, defensora de María Paulina Díaz, una de las acusadas.
La fiscalía federal imputó a Susana Ñanco y Luis Ñanco por la tenencia para comercializar 10 gramos y otros 571 gramos de cocaína. También fueron acusados Hugo Fredes y su pareja María Paulina Díaz por la tenencia de 180 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína con fines de comercialización y del arma de fuego sin la debida autorización legal. La fiscalía imputó además a Daniel Oscar (alias “El Oso”) Córdoba, esposo de Susana Ñanco.

Sin embargo, el entonces juez federal subrogante de Bariloche, Walter López Da Silva, sobreseyó en 2016 a Córdoba. También sobreseyeron a Domingo Alejandro Lepín, “mano derecha de Córdoba”, según la fiscal.
Además, recordó que una junta médica determinó que Fredes, por su estado de salud, no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Fredes recibió años atrás un disparo de arma de fuego en la cabeza, lo que le generó serias complicaciones.

Al final solo llegaron a juicio las esposas de Córdoba y de Fredes y Luis Ñanco. Esta semana se hizo el juicio oral y público en el Escuadrón 34 Bariloche. El tribunal oral federal de Roca estuvo integrado por Orlando Coscia, Alejandro Silva y Simón Bracco.

La fiscal aseguró que Fredes aprovisionada a Javier “El Gordo” Pérez y recordó que, de acuerdo con la evidencia recolectada, se lo vio a Fredes varias veces en la casa de Córdoba. Alegó que hay filmaciones en las que se observa el “pasamanos” que acreditan la comercialización.

Magnitud
1.035 dosis
se podían obtener con los 567 gramos de cocaína secuestrados durante los procedimientos.
Para la fiscal, Díaz “tenía pleno conocimiento de la actividad ilícita de Fredes porque entraban a su domicilio a comprar droga”.

Por eso, enfatizó que la imputada “no podía ignorar lo que había en la mochila (drogas y un arma) secuestrada”. “María Paulina Díaz no era ajena a la actividad ilícita que hacía el marido”, afirmó.

En cuanto a Susana Ñanco, la fiscal aseguró que mintió. En la instrucción había declarado que los 13 envoltorios hallados en el dormitorio de su hijo eran de ella; lo mismo del medio kilo de cocaína que habían encontrado en la casa de su hija. Pero en el juicio se desdijo. “Ahora, dijo que trabaja y que tiene un sueldo de 80 mil pesos”, recordó a los jueces. Por eso, insistió que en el domicilio de Córdoba y Ñanco “no se vendía ropa, ni papas, ni cebollas, se vendía droga”.

“La mayoría de las veces, Daniel Oscar Córdoba era quien atendía. Por eso, él debería estar sentado acá”, sostuvo, sorprendida. Tampoco le cerró que Fredes haya sido desvinculado de afrontar el juicio por el dictamen de la junta médica.

Describió que en la vivienda de Córdoba y Ñanco se vendía drogas desde las 19 hasta las 23 y después continuaba la comercialización en la casa de Lepín, que “era su mano derecha de Córdoba”. “Lepín hacía las veces de seguridad con armas”, planteó.

Apuntó que ninguno trabajaba, pero en dos años habían levantado una propiedad cómoda. Y los camiones de Córdoba se justificaban con la venta encubierta de papas y cebollas.

La fiscal planteó al tribunal que Luis Ñanco había sido advertido del procedimiento que se iba a hacer en su domicilio a pesar de que se manejó en absoluto hermetismo. “Alguien filtró esa información”, sostuvo. “Por eso, Luis Ñanco se retiró con dos bolsos que vieron vecinos antes de que allanaran su domicilio”, afirmó la fiscal. Dijo que si no “se hubiese encontrado muchísima cantidad de droga”.

Dudas sobre la policía
La abogada Natalia Araya defendió a María Paulina Díaz. Planteó la nulidad del acta y del allanamiento en el domicilio de la acusada. Aseguró que el procedimiento que personal de la Policía de Río Negro “nos lleva a los tiempos más oscuros de la historia argentina”. Afirmó que fue ilegal. Dijo que lo hicieron de noche, con testigos engañados y los policías encapuchados. Sostuvo que en ese procedimiento quedaron en evidencia “las peores prácticas de la Policía rionegrina”.

Calificó de “nefasta” la investigación de Toxicomanía de la Policía provincial. Y advirtió que uno de los policías que hizo el allanamiento es Luis Irusta, que fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por el allanamiento ilegal en el domicilio del policía Lucas Muñoz, que fue asesinado en agosto de 2016 tras permanecer 27 días desaparecido. Los abogados Estanislao Cazaux y Pablo Callelo atacaron el allanamiento por ilegal en el domicilio de Susana Ñanco. “Todos los procedimientos tienen algo”, planteó Cazaux.

Fuente Diario Rio negro.








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